Por Mario Ensástiga Santiago
A partir de 1994 con el levantamiento indígena de Chiapas, organizado por el Frente Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), liderado por la carismática y emblemática figura guerrillera del subcomandante Marcos, el tema de los derechos indígenas, ha sido la lucha permanente, larga y sacrificada travesía que hasta los días está presente notoriamente en varias comunidades, municipios y regiones del país, aun sin alcanzar a plenitud el respeto a los derechos sobre sus territorios, recursos naturales, usos, costumbres y modos de autogobernarse.
Las más diversas experiencias de gobiernos locales y comunitarios en México tienen una larga historia, sobre todo en las entidades con mayor presencia de población indígena, como Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero principalmente. Por no irnos tan lejos, a finales de la década de los años ochenta en nuestra entidad michoacana a raíz de los conflictos postelectorales de las elecciones por la Presidencia de la República, una decena de municipios de la Meseta Purépecha corrieron a las autoridades municipales priistas para autogobernarse durante prácticamente un año sin percibir recursos de los gobiernos estatal y federal.
En Oaxaca 418 municipios de los 570 se rigen por usos y costumbres; poco más de 40 gobiernos comunitarios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) llamados “Caracoles”; en Michoacán el gobierno comunal de Nurio de Paracho y de San Francisco Cherán, así entiendo que hay más experiencias de gobiernos locales indígenas en otras entidades del país.
Como se sabe, actualmente en Michoacán se observa un interesante a la vez que complejo proceso de lucha de las comunidades indígenas por su autonomía gubernamental a través del ejercicio del llamado presupuesto directo, que no es otra cosa que los recursos económicos que reciben mensual o trimestralmente del gobierno municipal al que pertenecen, cantidad que es la parte proporcional de población vinculados al presupuesto municipal anual y el número de total habitantes del municipio de acuerdo al último censo del INEGI (2020), recursos que al igual que el de los gobiernos municipales deben ser reportados a la Secretaría de Finanzas y auditados por la Auditoria Superior de Michoacán (ASM).
La reforma al artículo primero constitucional de nuestra carta magna en junio de 2011 en materia de derechos humanos genero nuevas condiciones para la lucha de los pueblos originarios, una vez que vieron agotadas las posibilidades de constituirse en nuevos municipios indígenas, cansados del trato inequitativo de las autoridades municipales por la marcada preferencia de los beneficios a las cabeceras municipales en detrimento de las tenencias y comunidades, y en no pocos casos decepcionados de los partidos políticos.
Es de llamar la atención que ésta lucha comunitaria es respaldada por el actual gobierno del estado de Michoacán encabezado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, administración que reiteradamente se reivindica de ser un gobierno municipalista, justo en los tiempos en los que el fortalecimiento y desarrollo de los municipios de México no son los más favorables, ya que la temática municipal en lo general no es un asunto de la agenda política nacional de la 4t, es por ello que es de esperarse que en la segunda etapa de la 4t el tema municipal esté presente en el Proyecto de Nación 2024-2030, para garantizar su continuidad y consolidación de la 4t.
Las experiencias del presupuesto directo en Michoacán hasta el momento se dan en 33 comunidades más las que se acumulen en los próximos meses y años, por ahora la mayor actividad es en la Meseta Purépecha, aunque el proceso continúa y se ha empezado a ampliar a comunidades de la sierra costa y del oriente michoacano,
Es entendible que cada experiencia tenga sus particularidades, experiencias y retos por superar, en lo particular en donde los procesos se han tenido que judicializar por enfrentar diferencias internas de una parte de las poblaciones o de las autoridades municipales, de ahí que en varios casos se han presentado serios problemas e incluso eventos de violencia; al respecto el interesante trabajo de investigación de María del Carmen Ventura Patiño del Colegio de Michoacán, ”Desafíos de los gobiernos comunales en Michoacán. Presupuestos directos en la era de la judicialización de los derechos indígenas en México” da información importante al respecto.
La obra citada da cuenta de la diversidad de las luchas que se han librado para obtener el presupuesto directo, por ejemplo por la vía del acuerdo político como el de la comunidad de Tanaco con el gobierno comunal de Cherán; los casos de judicialización de varias tenencias que han llegado a los tribunales como la experiencia de Pichátaro del municipio de Tingambato, San Felipe de los Herreros de Charapan, así en otros municipios como Hidalgo con los habitantes de la comunidad de San Matías El Grande, la comunidad de Uricho en Erongarícuaro, dos casos dónde las autoridades municipales han ofrecido serias resistencias.
La organización indígena que respalda y asesora social, política y jurídicamente a las peticiones de las comunidades del presupuesto directo, es el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) que trabaja desde el 2013, está constituido por autoridades civiles, agrarias y miembros de los consejos comunales; sin duda este proceso encierra importantes aprendizajes y posibilidades cualitativas de justicia a las poblaciones de los pueblos originarios de Michoacán; proceso global que ha abierto camino a la práctica de la democracia participativa y comunitaria, ciertamente en confrontación con la democracia representativa de nuestro sistema político de partidos; es además una expresión positiva de la redistribución más equitativa de los recursos públicos
Esta interesante experiencia indígena en Michoacán iniciada en la segunda década del presente siglo, genero al principio gran entusiasmo y esperanza, con el paso del tiempo han surgido problemas e inconformidades al interior de algunas comunidades, discusiones, diferencias por el manejo de importante recursos que jamás habían recibido, ojalá y no sé cumpla el viejo refrán que dice que dónde llega el dinero el diablo se hace presente, los cacicazgos económicos locales de viejo cuño e intereses político partidarios no están totalmente al margen, por otra parte las insatisfacciones de las autoridades municipales al resentir la disminución de los presupuestos y el correspondiente poder político para la realización de la obra pública y social del municipio.
Estos procesos por los derechos de los pueblos originarios en Michoacán son buena razón para intentar rediseñar institucional, organizativa, administrativa, económica y representación política de los distintos órdenes de gobierno y poderes públicos de nuestro sistema político.
La amplia consulta nacional que Morena en estos días para la integración del Proyecto de Nación 2024-2030 de la segunda etapa de la 4t, es la oportunidad para abrir paso a los nuevos paradigmas del circulo virtuoso de la democracia representativa y democracia directa, teniendo como condición la Reforma Política del Estado Mexicano, inicialmente hay la propuesta de la necesidad de realizare varias reformas estructurales, la electoral, la judicial y la fiscal, más las que surjan en el camino de aquí al 2024, como las propuestas de reforma municipal, la de los derechos de los pueblos originarios, la de los derechos humanos de los pueblos originarios y de las mujeres.
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