Por Catalina Rosas
El pasado 17 de octubre se cumplieron 70 años del voto femenino en nuestro país. Esta fecha marcó un antes y un después en la vida política del país, siete décadas de transformación política y de luchas para acceder a otros derechos que a las mujeres nos estaban negados. Sin duda es importante visibilizar a las sufragistas que lucharon por años para lograr el reconocimiento de la plena ciudadanía de las mujeres, misma que se logró hasta el 17 de octubre de 1953. Honremos también a las luchadoras, feministas e insistencialistas que impulsaron una mayor participación de las mexicanas, primero con las cuotas de género incorporadas en nuestra ley electoral que de acuerdo con el INE en 1993 la ley contempló por primera vez, a nivel de “recomendación”, una mayor promoción de la participación de la mujer en la postulación de cargos de elección popular. En 2002 se reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), incorporando el concepto de equidad y la cuota de género de 30% en el registro de candidaturas como obligaciones para los partidos políticos (a pesar de ocupar las mujeres poco más de la mitad de la lista nominal). En 2006 se emite la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; un año después, en 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Llegado este momento, podríamos pensar que la obligación del Estado de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres debía de surtir efecto inmediato y que estaba vinculado a adoptar medidas “deliberadas, concretas y encaminadas” a la realización de todos los derechos para todas y todos; sin embargo, en 2008 la cuota para el registro de candidaturas pasó del 30 al 40% y sería hasta 2014 cuando llega la anhelada paridad 50-50 en el registro de candidaturas para diputaciones y senadurías.
En 2019 se da la reforma constitucional conocida como “paridad en todo”, la cual garantiza que la mitad de los cargos de decisión en los tres órdenes de gobierno y Poderes del Estado, en los organismos autónomos y en las candidaturas a cargos de elección popular, sean para mujeres. En 2020 se tipifica la violencia política contra las mujeres en razón de género y se fortalece el campo normativo para prevenir, atender, sancionar y erradicar este delito; y; finalmente, este año de 2023, ve la luz la reforma constitucional conocida como Ley 3 de 3, la cual considera nuevas causales de suspensión de los derechos o prerrogativas de la ciudadanía: Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa; implicando que la persona que recaiga en estos supuestos no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Estas reformas no han sido concesiones de gobiernos, sino producto de la exigencia de mujeres líderes y activistas, asociaciones y colectivos, académicas e investigadoras, diputadas y senadoras; ha sido por décadas un clamor generalizado. Por ellas y por todas las mujeres, niñas y jóvenes, ni un paso atrás.
Ahora vemos congresos locales y federal paritarios, gabinete federal paritario, 9 gobernadoras al frente de sus Estados. Falta aún derrotar barreras, estereotipos y limitaciones que impiden que el poder se ejerza de forma igualitaria.
¡Sigamos en la lucha!. En México estamos cerca de abrir un nuevo capítulo en nuestra historia con la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo al frente del país y nosotras con ella. Abrámosle camino juntas.
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