Por Elizabeth Juárez Cordero
Frente a la elección en puerta de junio próximo, en la que se renovarán además del Ejecutivo, la totalidad del Congreso de la Unión, diputados y senadores, 9 gubernaturas, Ayuntamientos y Congresos locales, la apuesta es casi obvia; cambio o continuidad, entre dos polaridades en las que se sitúan por un lado la coalición gobernante, y propiamente el partido del presidente, y por otro, el frente de partidos opositores. Sin embargo, aun cuando es mucho el poder que se disputa en los regímenes presidenciales y más allá del hecho sin precedentes que sean mujeres las candidatas de ambos grupos, lo puesto en juego es la integración del Congreso, se trata, hoy más que nunca de un cambio de régimen político.
Desde luego, esta apuesta de cambio de régimen no es circunstancial, detrás hay una intencionalidad personificada e impulsada desde el poder, ruta que si bien podría decirse se construyó a lo largo del sexenio, ha sido hace apenas unas semanas y previo al inicio formal de las campañas, que ha llegado a un punto crucial, así descrito por el presidente en un paquete de reformas constitucionales que serán presentadas el 5 de febrero, en el marco del aniversario de la Constitución, y que entre los temas que advierte, se encuentran el Poder Judicial, órganos autónomos, sistema electoral, pensiones y seguridad.
Es justo en la materia que se propone reformar, en la que se sustenta la jugada electoral, y no en la posibilidad real de que puedan ser aprobadas al término de su sexenio, que como bien se conoce, en su composición actual no cuenta con la mayoría requerida en el Congreso. De modo que, antes que den el banderazo oficial de arranque de campañas el 1ro de marzo, ya estén colocados sobre el tablero los asuntos sobre los que discurrirán.
De ahí que, la elección próxima no se acota a la disyuntiva entre cambio y continuidad, en votar por una u otra candidata, sino en la posibilidad de contar con la mayoría necesaria, en la Cámara de Diputados y Senadores, para impulsar cambios constitucionales, de esos temas que hasta ahora han sido frenados por la Suprema Corte; como lo relacionado con el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral y la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Determinaciones que, contrarias a la postura presidencial, le han valido para ser también tema de una propuesta de reforma constitucional, que hasta donde se sabe, buscará modificar la elección de los ministros, por voto popular y no por propuesta del presidente y su ratificación por el senado, tal como se encuentra establecido hasta ahora.
La apuesta de la elección es mayor a la de un mero cambio de estafeta, de rotación de élites o de distribución de cargos de representación política, se trata ni más ni menos de la posibilidad patente de modificar la estructura actual del Estado constitucional mexicano, sentado al menos idealmente, por un lado en procedimientos, reglas e instituciones democráticas, objetivas, libres e imparciales, y por otro, en el principio de división de poderes, en el que el Poder Judicial, tiende por su propia naturaleza, vamos por obligación, a ser un equilibrio a los poderes ejecutivo y legislativo, en específico de aquellas decisiones que puedan ser contrarias a la Constitución. Del mismo modo que, como ocurre con buena parte de los órganos autónomos, como extensiones complementarias del mismo principio, al proteger derechos, fungen también como resortes de control al poder público.
Trasladar este dilema a la realidad del electorado, implica replantear la pedagogía democrática hasta ahora centrada en el voto y el principio de mayoría, como método de elección que no de decisión, implica reivindicar la diferencia, la pluralidad, los equilibrios y los controles del poder, como garantes del juego político, no porque se esté en contra de quien hoy detenta el poder sino porque es un bono de protección para el futuro, el futuro que es de todos, más allá de los partidos y las voluntades de sus lideres.
La complejidad o trascendencia, como atributos que se asignan elección tras elección, cuando menos de 2006 en adelante, por el número de electores o de cargos a disputar, sin duda también atribuidos al proceso electoral actual, a estos se suma que, por primera vez, se coloque en el tablero del juego político, en una elección presidencial, algo distinto: el giro de tuerca hacía un cambio de régimen político.
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