Zuhey Medina / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de considerar inconstitucional la reforma del 2021 a la Ley Eléctrica y conceder amparo a 6 empresas.
“Ayer lo que hicieron fue que echaron abajo la Ley Eléctrica que se propuso para darle más importancia por lo que representa la Comisión Federal de Electricidad y resuelven amparos a favor de empresas particulares”, declaró en conferencia matutina el mandatario.
Cuestionó que se haya resuelto luego de un empate, con los votos a favor de los ministros Luis María Aguilar Morales y el presidente Alberto Pérez Dayán; y dos en contra, de Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama. Sin embargo, el ministro presidente emitió su voto de calidad para anular la ley.
“Demuestra el entreguismo que existe en el Poder Judicial y por eso urge reformar el Poder Judicial que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros”, reiteró López Obrador.
El día miércoles 31 de enero, la Segunda Sala de la SCJN determinó que la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 transgrede los principios de competencia y libre concurrencia por el mecanismo mediante el cual se decide qué centrales generadoras de electricidad inyectan primero su energía a la red nacional.
“En lugar de atender a un criterio de eficiencia como lo manda la Carta Magna, la indicada legislación secundaria prioriza a quienes pueden celebrar contratos con compromiso de entrega física, es decir, a los generadores del Estado (CFE) o a las plantas asociadas a éstas, lo que genera una alteración en el mercado eléctrico”, señalaron en un comunicado.
Dicha ley también permite que las centrales de la CFE puedan acceder a la asignación de un contrato de cobertura eléctrica a través de un contrato de interconexión, sin las subastas a las que las empresas privadas están obligadas, lo que “implica un trato diferenciado y privilegiado que elimina un ámbito de sana competencia”.
Para la sala el “supuesto fortalecimiento de las empresas del Estado no es razón para desconocer el marco constitucional en materia de energía eléctrica”, ya que considera que la CFE es un competidor más en el mercado por lo que no puede introducir un diseño que entorpezca la libre concurrencia y competencia.
Esto provocaría que se apliquen reglas dispares a los amparistas “al concursar para lograr la contratación de energía eléctrica y el acceso a las redes, así como al intervenir en la adquisición de certificados de energías limpias”.
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