Héctor Tapia / Metapolítica
Se tienen elementos para inferir que el asesinato de dos precandidatos en Maravatío este inicio de semana fue producto del interés de grupos criminales por interferir en el proceso electoral, y “quitarse de en medio a posibles candidatos”, reveló el Fiscal General del Estado, Adrián López Solís.
En entrevista colectiva dijo que por ciertos antecedentes de algunas regiones del estado en cuanto a violencia criminal, “podemos hablar de una situación de riesgo para quienes aspiran a conducir los destinos de esos municipios”.
Refirió que ha sido una práctica reiterada, según los informes e investigaciones al respecto, que los integrantes de grupos delincuenciales desean influir sobre quién pueda ser candidato o candidata, “y con ello propiciar compromisos antes dé, y ya en la etapa del ejercicio gubernamental cobrar esos compromisos permitiéndoles tener control de áreas de seguridad y tener acceso a recursos públicos de manera ilícita”.
Sin embargo, dijo López Solís, esto debería estigmatizar a quien resulte como candidato o candidata, ni tampoco a una región o municipio.
“Esto tiene una serie de factores que le dan inestabilidad a las relaciones político gubernamentales, generan incertidumbre y lleva a tomar medidas en relación a la información con la que se cuenta, y recomendar como parte de la mesa de seguridad, algunas medidas especificas o extraordinarias”, para prevenir este tipo de acontecimientos como los ocurridos este inicio de semana.
Respecto al homicidio de los dos precandidatos, uno por Morena y otro del PAN, Adrián López Solís dijo que esto “sin duda es un hecho preocupante”.
“Todo parece indicar que se trató de la intromisión de los intereses de los grupos criminales para quitarse de en medio a posibles candidatos, que tenían la condición de precandidatos en procesos internos de sus partidos”, explicó.
Esto “nos llama a realizar investigaciones exhaustivas; lamentablemente quienes cometen este tipo de delitos los ejecuta con la intención de no ser descubiertos de inmediato, y eso requiere del uso de técnicas de investigación, despliegue de personal, y acopio de datos en cada una de las carpetas para poderlas judicializar”.
Detalló que el protocolo de medidas de protección a candidatas o candidatos se opera a través de la mesa de gobernabilidad para la seguridad del proceso en Michoacán; no obstante, refirió, “en el momento de que como fiscalía tenemos conocimiento de una denuncia, al margen del protocolo, estamos obligados a ordenar medidas de protección que pueden ser de diferente tipo, según su especificidad, las cuales se deben ejecutar por las instituciones de seguridad del orden preventivo”.
Ante esto refirió que previo a los asesinatos de ambos precandidatos, no se tenían denuncias de amenazas de parte de los mismos.
En cuanto al trabajo entre las instituciones, dijo que “es necesario un esfuerzo coordinado, cada quien, dentro de sus competencias, intercambiando a tiempo la información que tenemos para evitar este tipo de sucesos”.
