Por Carlos F. Márquez
En el año 2021, mientras Alfonso Martínez Alcázar realizaba campaña para ser electo presidente municipal de Morelia por segunda ocasión, se acumulaban en la Fiscalía General del Estado 49 denuncias penales en su contra por presuntos actos de corrupción en la contratación de obra pública y servicios sin licitación, a sobrecostos, y sin expedientes de cumplimiento o testigos comprobatorios del gasto. Estas malas prácticas de gobierno que podrían derivar en delitos son la constante en las administraciones del ahora alcalde con licencia.
Durante su primer periodo como alcalde de Morelia, entre los años 2015 y 2018, la Auditoría Superior de Michoacán le hizo 71 observaciones a su gobierno por anomalías en el ejercicio de aproximadamente 250 millones de pesos; no obstante, Alfonso usaría su segundo mandato como presidente municipal para limpiar su expediente a billetazos.
Era el año 2022, Alfonso Martínez estaba en su segundo periodo como alcalde y en la Auditoría Superior de Michoacán las cosas habían cambiado, ahora se encontraba al frente Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, un alfil de Silvano Aureoles que llegó a la instancia fiscalizadora para ocultar la basura de los gobernantes bajo la alfombra.
Aguirre Abellaneda y Alfonso Martínez son de la misma especie: insaciabilis corruptus, entonces se entendieron a la perfección; Empresas vinculadas con el entonces auditor carnal obtuvieron del Ayuntamiento de Morelia 48 millones de pesos en contratos para obra pública, y su pareja sentimental obtuvo un cargo de primer nivel en el gabinete alfonsista. El 13 de diciembre del 2022, el Auditor Superior de Michoacán cumplió con su parte y firmó un certificado de liberación en el que afirma que el alcalde capitalino no tiene cuentas pendientes con la Auditoria. Así, de un plumazo y con cargo al erario municipal, se disolvieron las 71 observaciones a su primer periodo de gobierno.
En este 2024, Alfonso Martínez hizo campaña en busca de ser reelecto como Presidente Municipal; sin embargo, pesan sobre él denuncias ante la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República debido a que su gobierno ha ejercido al menos 600 millones de pesos en contratos asignados de manera directa, sin licitación pública. Con la misma opacidad ha gastado casi 350 millones de pesos en consultoras que tienen apariencia de factureras.
Aunque el alcalde con licencia ha presumido que Morelia es el municipio más transparente de Michoacán y un ejemplo nacional, la realidad es otra: su gobierno se ha preocupado por ocultar documentación relevante de la administración pública, y en la plataforma de acceso a la información sólo han publicado portadas de contratos, pero no las cláusulas de éstos y mucho menos expedientes de cumplimiento.
Diversas resoluciones del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales declaran procedentes denuncias ciudadanas contra el gobierno de Alfonso Martínez, las cuales señalan que el Ayuntamiento cumple parcialmente con las obligaciones de transparencia u oculta información referente a contratos, licitaciones, ejercicio del presupuesto y comprobación de gastos.
Alfonso Martínez debe ser el funcionario publico de Michoacán que más denuncias por presuntos actos de corrupción acumula en su contra: 49 por su primer periodo de gobierno, al menos tres por su segunda gestión como alcalde, y más de 50 por su probable participación en delitos electorales; sin embargo, no ha pasado nada, las denuncias duermen el sueño de la justicia en las Fiscalías y permiten que políticos tan cuestionados como el alcalde con licencia o su amigo Silvano Aureoles busquen nuevos cargos de representación popular cubiertos por un manto de impunidad.
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