Por Lucero Circe López Riofrio
La disputa de las narrativas es lo característico de este momento. Por un lado, hay quien tiene argumentos en los que cabe, principalmente, el razonamiento mediante un ejercicio de cavilación, favoreciendo, así, la reflexión y la exposición pública para su debate e interés público. Mientras que, en el otro lado, predomina el reduccionismo relativo a la detentación de la verdad sólo porque es la máxima autoridad, y es ahí, justamente, donde el camino puede ser equivocado.
La desafección sobre la clase política no vino sola, es producto de una larga tradición en donde la mentira se sostuvo como verdad, aunque no lo fuera, y quien dijera otra cosa, pues era víctima del peso del Estado y de la fuerza pública, de las desapariciones, silenciamientos, negación de concesiones de espectro radiofónico, privación de ingresos, tal y como lo dijo el presidente del Partido Revolucionario Institucional, “Alito” Moreno “a los periodistas hay que matarlos de hambre”. Con esto, la defensa por la libertad de prensa y el derecho a la libertad de expresión se convierten en un ejercicio de alto riesgo, con implicaciones que pueden traducirse en el establecimiento de prácticas propicias para regímenes totalitarios y no democráticos.
La presidenta, Claudia Sheinbaum ha sido muy enfática: CENSURA NO. Entonces, ¿por qué ir en contra de un principio tan valioso para la democracia?, ¿por qué “confundir”, no en un acto posiblemente intencional? pero si en una práctica sugerida y reiterada por un consejo, donde la negación a la escucha es un acto que le resta a la credibilidad con consecuencias retoricas posteriores y que daña no sólo al mensajero sino a la gobernabilidad.
La distinción central entre los grupos denominados o autodenominados de izquierda, incluyendo los progresistas, frente a los grupos de derecha y ultraderecha, es, justamente, la violencia y todo aquello relacionado con el odio. La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones y sus expresiones, nunca es justificable, como tampoco con más violencia es evitable. Suponemos, entonces, que el Estado es un ente que puede distinguir y limitar el ejercicio de esta misma y que no quiere repetir la agenda política perniciosa de la que fuimos víctimas en nuestra entidad desde el 2006 a la fecha. Lo que queremos es la erradicación y protección a quienes son víctimas de la violencia.
Desde el año pasado, observo con detenimiento que existe una apremiante necesidad que consiste en no hablar de la violencia, como si este fuera sólo un enfoque que permea y justifica el ejercicio de la misma, lo cual, no es así. Quienes nos dedicamos al estudio y análisis de la violencia, hemos puesto en la mesa y hecho visible sus inenarrables prácticas, sus efectos, sus consecuencias y su intencionalidad. Estos aportes generaron diversos artículos periodísticos, académicos, económicos y políticos que evidenciaron la ruptura del tejido social, los impactos en la cultura y en la educación, contribuyeron a la creación conceptual, así como a entender su causalidad, manifestación y apremiante atención; de ahí el feminicidio, que muchas veces se catalogaban como suicidios, o bien, las desapariciones de personas que se confundían con situaciones que justificaban a través del ausentismo personal y pasional, también, los homicidios que en su mayoría eran catalogados como consecuencia a la asociación de “actos delictivos”, así como el narcotráfico y los secuestros en los que se creía que su causa principal eran la pobreza y la malicia. Un sinfín de barbaridades, mentiras, mal interpretaciones y vaguedades que sí obedecen a la apología del delito, pero que reditúan mucho económicamente a blogs, a las redes sociales, a los artículos conspiratorios, cuyos cuales, todavía siguen financiados por diversos grupos empresariales y políticos ligados a los medios de comunicación, lucro derivado del capitalismo gore, y ahí no hay represión y amenaza alguna ni desmantelamiento de esas narrativas.
Ahora bien, definir apología del delito como un delito en la vaguedad y la falta de precisión no impedirá necesariamente las fake news, como tampoco la posverdad que tanto define a la ultraderecha. Ejemplo de ello: la utilización de la incidencia delictiva y la violencia como golpeteo político para justificar la inseguridad con prácticas que en sí son más violentas, armamentistas y costosas ¿Y qué hay de las grandes producciones cinematográficas, que mediante las redes sociales y otros medios enaltecen y hacen apología del delito?, ¿y de las mafias, las caricaturas, los mangas, los videojuegos, y muchas otras expresiones como las series que como “mujeres asesinas” que incitan a la violencia de propia mano como resolución a la violencia feminicida contra las mujeres?, ¿y de las corridas de toros, las peleas de gallos, entre tantas otras prácticas que muchas de ellas están apoyadas por autoridades municipales y empresarios locales y que las realizan y protegen clandestinamente?
Las preguntas estarían centradas en: ¿cómo se contendrá toda esa producción de violencia que se consume cotidianamente?, ¿dónde queda la apuesta por la educación como estrategia para sensibilizar y prevenir la violencia en los niveles de educación básica?, ¿entonces, cuando nos referimos a la cultura de la paz, no se podrán hacer citas sobre las violencias como ejemplos de lo que no se debe hacer en distintos espacios y contextos?, ¿cómo se denunciará esa violencia?, ¿a interpretación de quién?
La imprecisión y la falta de puntualidad de los delitos ha generado que el Poder Judicial le corrija muchas veces la plana al Congreso, y ese no es su trabajo, eso “satura” el trabajo de las fiscalías y posiblemente se manden a los mecanismos alternos de justicia, como cuando no hay violencia “física” de por medio. De por sí, la complejidad que subsiste cuando quienes amenazan son servidores públicos o funcionarios que gozan de fuero o protección institucional hace que sea complejo interponer la denuncia porque no se “puede” investigar, lo que obliga al desistimiento de la denuncia y la defensa como derecho humano.
Sin embargo, derivado del estudio y análisis de las violencias, no por apología, sino por historicidad y documentación, se puede asegurar que se han denunciado a periodistas y defensores/as de derechos humanos, no sólo para intimidarles, sino para utilizar la fuerza del Estado y de los medios económicos, sin olvidar la violencia simbólica que utiliza todo el aparato institucional para censurar la libertad de expresión en nombre la supuesta “comisión de delitos”, como los ataques al honor y a la propia imagen, que aún están en nuestro código penal y no en el civil.
Y hablo desde mi experiencia personal que fui denunciada por ataque al honor y que mi defensa estuvo centrada justamente en la libertad de expresión, que me permitió hacer frente a la violencia que diferentes instituciones proveyeron a quien me acusó y encubrieron muy bien la falsedad de sus dichos, pese haber interpuesto diversas denuncias en diversas instituciones que se suponían podían defenderme, lo cual no ocurrió así, afortunadamente mis amigas/os me defendieron y un equipo de abogados que desde el inicio no pusieron en duda mi inocencia y la responsabilidad con la que actúe, siendo así confirmado en las sentencias que me requirió dos años de mi vida, con consecuencias que muchos/as conocen.
Por último, la libertad de expresión se limita cuando hay miedo, no imaginario sino tangible y eso es violencia. La ambigüedad en la descripción de la “apología de delito” no detiene la equivalencia del falso, alterado y distorsionado discurso sobre la realidad, contrario a ello la autoridad deberá fortalecer sus estrategias de comunicación basada en el valor veritativo, concreto sin maquillaje, porque eso seguirá debilitando la Gobernabilidad y la Democracia, ya que, consolidarla requiere de la libertad de expresión, su protección y defensa en un sentido amplio y firme, aunque incomode, para eso es justamente.
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