Por Araceli Gutiérrez Cortés
En México se han dado varias propuestas y debates públicos sobre el tipo de regulación y alcance que deben tener los votos en blanco o votos nulos. La regulación actual del voto nulo está establecida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y considera nulo tanto el voto anulado intencionalmente como el voto en blanco, sin que estos generen efectos legales especiales salvo en circunstancias muy específicas; por ejemplo, si el número de votos nulos supera la diferencia entre las dos candidaturas más votadas en una casilla, se realiza un recuento. Aunque esa regla en la elección judicial no operó.
El tema no es fácil para la clase política, no olvidemos que el diseño de nuestro sistema electoral fue evolucionando gracias a presiones naturalmente dadas por el reconocimiento de acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y su necesidad de abrirse al mundo, además del surgimiento de movimientos sociales que exigían elecciones reales y competitividad electoral, incluso desde dentro de la misma elite política.
Regular o dar efectos legales al voto nulo o el voto en blanco, sería empoderar demasiado a la ciudadanía y esto nunca ha sido una buena idea para quienes están en los espacios de toma de decisión, no solo ahora, sino históricamente, y evidentemente más allá de las izquierdas o las derechas.
Por ejemplo, en Colombia el voto en blanco tiene efectos legales: si obtiene mayoría absoluta, las elecciones se repiten y no pueden presentarse las mismas candidaturas ¿Se imagina ese nivel de poder en manos de la gente?
Hay casos anecdóticos. En 2011, en Antioquia, Colombia, el voto en blanco fue mayor que los votos recibidos por el entonces único candidato a la alcaldía, esto tuvo como consecuencia que se repitiera la elección, pero sin la participación de ese candidato único y los partidos tuvieron que postular más candidaturas.
Si en México, tuviera efectos legales el voto nulo o el voto en blanco, la última elección judicial tendría que repetirse en relación con bastantes cargos, comenzando por la Suprema Corte.
Pero regular algo así requiere de por lo menos dos grandes actos de valentía y de amor a México. Uno por las fuerzas políticas para fortalecer los procesos democráticos en serio y sin simulaciones; y otro por la ciudadanía, para hacer lo propio con una participación real, sin negociar el voto y apostándole a un mejor país.
Si seguimos pensando que todo el poder está en las manos de la clase política, así seguirá siendo.
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