Por Lucero Circe López Riofrio
La misoginia y el poder no tienen sexo ni género, la evidencia es que, ideológica o políticamente, son de derecha o de izquierda desafortunadamente. Existe una oposición profunda para que una mujer no gobierne ni represente la voluntad social en un proceso electivo, aunque así se haya decidido democráticamente. Es persistente la idea de que las mujeres son influenciables como se ha sostenido durante siglos, incluso hubo quienes se opusieran a que las mujeres recibieran educación porque instruirlas implicaba desobedecer lo que dijera la Iglesia.
La resistencia a que gobierne una mujer, al menos en Michoacán, es real y muestra un bloque que ya tiene rostros, más allá de las tendencias que puedan perfilarse para tal decisión. Lo cierto es que eso de que “es tiempo de mujeres” es pura retórica para muchos actores políticos afines y no afines, porque cuando se trata de dar el paso para generar condiciones para ello, surge inmediatamente un flanco patriarcal, agresivo, sancionador, acusador y significativamente discriminador.
La violencia es evidente (sí, ejercida tanto por mujeres como por hombres) pese a que hay varias modificaciones penales realizadas para ampliar la definición conceptual y las sanciones relativas al delito de la violencia política en razón de género, y, aunque cada año se destine el 30% de los recursos asignados a los partidos políticos para el abordaje de las cuestiones de género, al parecer, no han acudido a formarse en materia de derechos políticos y humanos que tienen las mujeres; así mismo, esto ha sido “insuficiente” y un tema de poco interés para poder prevenir conductas delictuosas, aunado a que aún no se transparenta ni informa en que se gasta este porcentaje cuyos recursos asignados provienen del dinero público.
No hace falta ser feminista para poder entender la violencia y la discriminación que, desde la misoginia, se ejerce para impedir que las mujeres gobiernen de manera alternada con los hombres. Quizá el problema central no es la iniciativa propuesta, sino lo obligatoriedad para hacerlo, como lo ha sido la participación política y de elección popular, un medio por el cual, las mujeres han logrado llegar a la representación popular y a la presidencia de nuestro país.
La llamada “concesión” que los hombres quieren hacer no ha sido graciosa ni mucho menos sutil, para nada. Defender los derechos humanos de las mujeres ha tenido costos a lo largo de la historia, pero ha hecho que nuestros derechos sociales, civiles y políticos sean reconocidos en diferentes escenarios y plataformas nacionales e internacionales.
Seguramente, a quienes se oponen a que una mujer gobierne Michoacán se les ha olvidado que las mujeres somos iguales a los hombres, no sólo de facto, sino Constitucionalmente, de no hacerlo, es avalar la ideología de los ultraconservadores fundamentalistas y retrogradas, que busca retroceder el avance de las mujeres, además de posicionar su mensaje esencialista que “sustenta” que las mujeres no saben gobernar porque su lugar es la familia, la casa y la reproducción.
Toda esta discusión que busca, al parecer, implementar un mecanismo jurídico que permita el aseguramiento alternado de mujeres y hombres a la gubernatura en la entidad, no es nuevo, y la falta de estrategias de comunicación y de interlocución podría entenderse como prácticas de imposición, pero, en realidad, históricamente las mujeres han tenido que establecer estrategias jurídicas para poder garantizar la representación en los cargos de poder. Ahí están las cuotas que apelaban al 70-30, aunque después se movieron al 60-40, posteriormente vino la paridad que, como principio, obligo a la transversalización horizontal y vertical para que las mujeres pudieran ser propietarias no sin antes tener una batalla violenta y misógina al mandarlas a municipios de baja representatividad, lo que implicó que se modificara. Hasta llegar a elecciones fue que, con algunos tropiezos y procedimientos no muy transparentes, se logró que las mujeres pudieran avanzar en los cargos a las gubernaturas, municipios y cabildos.
Juzgar a las mujeres que gobiernan con indicadores que han impuesto los hombres no sería justo, porque en ello siempre está el sexismo justificando la incapacidad, la inoperancia y las limitaciones para las operaciones y consensos políticos, de los que también adolecen estos. Un mayor estigma se impone hacia las mujeres, pero no así de las mujeres que utilizan la violencia, la imposición, la coacción y la corrupción como medios validados por aquellos patriarcas que, como actores políticos tradicionales, sí se les reconoce como aquellos que “saben gobernar”. Romper con estas formas tradicionales de gobernar no es nada fácil, resulta extremadamente complejo, la marginación obliga a que las mujeres se muevan de manera más prudente y cautelosa, con equipos más compactos para operar políticamente, y establecer otros mecanismos para solucionar y abordar los problemas estructurales que requieren ser atendidos como: la pobreza, la inseguridad, la salud, la movilidad, entre muchas otras demandas.
La oposición ideológicamente misógina y sexista que se articula para amenazar y lanzar improperios es inadmisible. No es con la desacreditación y la violencia como se argumenta el desacuerdo. No se pueden escudar ni justificar estos actos en el ejercicio de poder que proporcionan una tribuna y un fuero, y que con ello se cancela la disertación y el posicionamiento que esperamos de las representaciones y argumentos de una “responsable” clase política.
Estaría muy bien preguntarnos ¿qué intereses se defienden al impedir un ejercicio alterno de gobernabilidad entre mujeres y hombres?, ¿cuáles son los argumentos para oponerse al establecimiento de mecanismos jurídicos para reducir las brechas de género en las elecciones gubernamentales?, ¿qué pierden o qué ganan quienes apoyan o son detractores/as de esta iniciativa?
Obstaculizar la alternancia al poder gubernamental, especialmente a las mujeres y también a los cuerpos feminizados, impide el reconocimiento de las diferencias étnicas, sexuales, de género, culturales, económicas y políticas, devaluando la democracia. Elevemos la discusión, exijamos que haya mejores perfiles, que los criterios sean más democráticos y que se evalué a las mujeres candidatas por sus trayectorias, coherencias y responsabilidades éticas más no por ser mujeres, superen el sexismo y avancemos.
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