Por Araceli Gutiérrez Cortés
Uno de los aciertos más relevantes de las últimas reformas electorales, fue sin duda, que el nombramiento de Consejerías Electorales se hiciera a través del INE, quitando ese poder a los Congresos Locales lo que permitió mayor autonomía y fortalecimiento de los Institutos Electorales Estatales (los llamados OPLES) pues las nuevas Consejerías tuvieron que comenzar a demostrar más conocimiento técnico y electoral que conexiones políticas.
Por ello, un aspecto que será de gran relevancia en la discusión de la próxima reforma electoral es fortalecer, o por lo menos mantener, la autonomía de los órganos electorales y la clave será el proceso de designación de sus Consejerías que ya se ha venido robusteciendo y en los últimos años, ha dado buenos resultados.
Otro aspecto tiene que ver con la disminución de financiamiento que reciben los partidos políticos. Desde mi perspectiva, sí es necesario replantear esa fórmula. La base de la fórmula actual está en el padrón electoral y la UMA, sin importar la inflación o la situación económica del país su fórmula siempre arrojará los números a la alta y peor aún, sin resultados palpables ni compromisos reales, sin ningún tipo de evaluación sobre el cumplimiento de sus metas. Cuando hay recortes presupuestales, los institutos electorales deben apretarse el cinturón, pero el recurso de los partidos políticos no se toca y lo hemos visto en estados como Michoacán, Colima, Guerrero y algunos otros, incluso en el propio INE, las disminuciones presupuestales nunca han tocado el recurso de los partidos políticos.
Replantear la fórmula podría generar una asignación de recurso más equilibrada y austera para los partidos políticos. Sin embargo, es fundamental precisar que la existencia del financiamiento público es necesario para garantizar equidad y competitividad electoral.
No menos importante será, considerar la implementación de la urna electrónica y la credencial digital, que, aunado a lo ya dicho, podría disminuir altos costos de los procesos electorales, no solo en dinero sino en tiempo y operatividad de personal. No olvidemos que las boletas y los materiales electorales representan algunos de los gastos más fuertes, no solo porque las boletas tienen más medidas de seguridad que los billetes, sino, porque de deben imprimir boletas para más de cien millones de personas cuando solo votan alrededor del 50%, por lo que el resto, termina en la basura. Sin dejar de lado, que solo cuatro o cinco empresas producen este tipo de documentos, por lo que, basta que se pongan de acuerdo para casi doblar los costos de un proceso electoral a otro.
El Sistema Electoral Mexicano, ha demostrado ser funcional, pero tiene importantes áreas de oportunidad. La compra, venta y coacción del voto es de esos grandes problemas que el diseño actual no ha podido resolver y que en el proceso de la reforma electoral se tiene que poner sobre la mesa, hoy sabemos que está prohibido y sancionado, pero ha sido una práctica por lo menos los últimos 50 años y no se ha podido resolver con tantas reformas electorales. Si bien, hay sectores de la sociedad que por años han vendido su voto por despensas o dinero, cambiar esta realidad es posible, pero se requiere de voluntad política.
Por ello, también fortalecer los procesos de fiscalización será un reto imprescindible. Dotando de uñas y dientes al INE para reaccionar de manera inmediata y efectiva, en coordinación eficiente y rápida con otras instituciones como la UIF, el SAT instancias de seguridad, policía cibernética, instituciones bancarias, exigiendo transparencia de gastos en tiempo real y sanciones ejemplares que vayan más allá de la capacidad de pagar multas con el propio financiamiento público.
En el diálogo sobre el diseño institucional, es importante considerar la gran diversidad de México. Nuestro país es un mosaico de culturas y realidades. Centralizar la totalidad de los procesos electorales podría presentar desafíos operativos, ya que las necesidades locales son distintas. Por ejemplo, hay entidades como Michoacán, Chiapas, Hidalgo, entre otras, que cuentan con un gran enfoque en los derechos político-electorales de los pueblos indígenas, mientras que en otras los retos son completamente diferentes, por lo que valdrá la pena construir sobre las fortalezas ya existentes.
Además, es imperativo que la agenda de paridad e inclusión se mantenga como un proceso proactivo y en permanente perfeccionamiento. El objetivo debe ser transitar más allá de las cuotas numéricas para alcanzar una representación sustantiva, donde las diversas voces de nuestra sociedad no solo estén presentes, sino que influyan decisivamente.
Finalmente, la legitimidad de cualquier elección descansa, en última instancia, en su gente. El hecho de que sean los propios ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos, integran las casillas y fungen como observadores, es la mayor fortaleza de nuestra democracia y un pilar que debemos preservar.
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