Por José Irán Moreno Santos
Centroamérica vive momentos de regresión democrática, gobernabilidad, estabilidad política y seguridad. Desde Guatemala hasta Panamá la subregión latinoamericana está padeciendo la perdida de derechos políticos, libertades de expresión, prensa, movilidad, laboral, seguridad social, elecciones libres y competitivas.
Esta región, frontera sur de nuestro país, tambien está profundizándose la pobreza, la desigualdad, migración, deterioro del medio ambiente, inseguridad, crimen organizado y los populismos ubicados en la derecha libertaria o en una izquierda estalinista supuestamente ambas superadas por sus resultados negativos para sus sociedades. Está claro que esta nueva oleada de populismos es más radical, cruel e inhumano y a su vez son protegidos por las potencias como en tiempos ya superados pero que han vuelto a renacer.
Nicaragua y El Salvador son dos países en situaciones extremas, sus democracias y libertades están canceladas, son proyectos políticos antagónicos ideológicamente, pero ambas son crueles, inhumanos, degradantes, violatorio de los derechos humanos y dictatoriales dinásticos.
En Nicaragua, Daniel Ortega accede a la Presidencia en las elecciones de noviembre del 2006- luego de tres derrotas consecutivas- producto de varias circunstancias, entre ellas, el pacto con el Partido Liberal que redujo el % de votos para acceder a la Presidencia y la participación dividida de los Liberales. Ortega ha sido el único candidato por el partido Frente Sandinista en toda su historia.
El proyecto político con el que se lanzó a su cuarta elección estaba basado en revivir la nostalgia de los mejores años y conquistas de la Revolución Sandinista de 1979 y suavizar las duras condiciones económicas y sociales del plan de rescate económico impuesto por el Fondo Monetario.
Cuando asumió la Presidencia en el 2007, Ortega estaba decidido a no volver a ser desalojado del poder, como ocurrió en 1990 cuando perdió las elecciones frente a Violeta Barrios de Chamorro, lo que dio por finalizada la etapa revolucionaria de 10 años.
Desde sus inicios, el gobierno de Ortega fue un gobierno autoritario. Controló los Poderes del Estado y los Ministerios de Gobierno dedicando especial atención a la policía y el Ejército, a los que convocó abiertamente a retomar su vocación partidaria de la década de los 80 alejándose de la concepción de Fuerzas Armadas de la nación que tan dificultosamente habían alcanzado.
En el campo económico estableció una política de alianza y consenso con el gran capital en el que el empresariado le permitía gobernar sin contrapesos a cambio de favorecerlo en sus negocios y consensuar leyes y políticas sectoriales.
Este fue entonces un primer periodo caracterizado por la estabilidad económica y clientelismo político por medio de programas asistencialistas gracias a la ayuda financiera venezolana (4.25 mil millones de dólares entre 2008 y 20015 Bco. Central), buenos precios internacionales de las materias primas, adecuado manejo de la macroeconomía. Sin embargo, no se introdujeron cambios en la estructura económica en distribución de la riqueza, en inversiones de capital y en educación de calidad. La desigualdad aumentó.
Todos los sectores de la población han sufrido y sufren el acoso, el control y la represión desde el 2007.
Según el informe de Expediente Publico 234 lideres campesinos han sido asesinados a partir del 2007 por el ejército y bandas paramilitares, en un plan de “limpieza” en el campo principalmente de aquellos que se agruparon en “La Contra” en los años 80.
El asesinato de 4 miembros de la familia Montenegro en Jinotega; de tres miembros de la familia Torrez en el Carrizo en el 2011; o de los dos pequeños hijos de 9 y 12 años de la señora Elea Valle en 2017, no son excepción, sino paradigmáticos y han conmovido a la sociedad nicaragüense. Nadie ha sido detenido por estos crímenes.
Las universidades luchan para que les aprueben las asignaciones financieras a las que tienen derecho, usadas como instrumento para intentar someterlas.
Los estudiantes tienen que callarse y participar de actividades partidarias si desean acceder a becas o cupos para estudiar. Los medios de comunicación ven sus licencias de operación canceladas o se les niega la propaganda estatal para mantenerlas calladas. La población en los barrios es vigilada por los comités partidarios que otorgan permisos para recibir atención en un ministerio u otorgan láminas de zinc para doblegar a la población.
Los adultos mayores se mantienen en las calles luchando por sus disminuidas pensiones y por atención en los hospitales. Los campesinos realizan enormes movilizaciones para evitar que la ley del canal interoceánico les arrebate sus tierras, y sus dirigentes son perseguidos o tienen que huir del país. Miles de maestros, médicos especialista y funcionarios del Estado son despedidos para sustituirlos por adeptos al partido de gobierno.
Los pequeños y medianos comerciantes son acosados con multas impagables por los recaudadores de impuestos, las municipalidades y aduanas. Los precios del combustible y la energía que venden empresas de Ortega creadas con la ayuda financiera de Venezuela, desangran los bolsillos. La canasta básica sube a tres veces el salario mínimo. Las mujeres, los ambientalistas son reprimidos por luchar por sus derechos y tienen q enfrentar normas cada vez más difíciles de cumplir o son clausuradas.
La corrupción con los fondos del Estado es imparable. Los medios la denuncian constantemente, pero nadie es investigado. La situación nicaragüense es grave y la comunidad internacional ha denunciado sin que esto implique cambios en el régimen, sino que se ha endurecido por la protección de terceros países.
El Salvador. Bukele llegó al poder, primero a través del FMLN como Alcalde de la capital, en el año 2015, contando con el apoyo de las pandillas. Luego ya expulsado de aquel partido y postulado por otro, gana en 2019 la elección presidencial, en circunstancias favorables dada ola de antipolítica, presentándose como el redentor en el combate a la corrupción y los males de la política. No obstante, los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder funcionaban instituidos desde los acuerdos de paz, para que nadie concentrase el poder, las instituciones cada vez asumían mayor independencia, el acceso a la información pública era plena, se respetaban irrestrictamente la libertad de prensa y demás derechos fundamentales y la Constitución como norma básica de convivencia; hasta había 2 expresidentes con prisión. Pero, además, el logro de la presidencia fue con el apoyo de las pandillas a través de pacto profundo de apoyo electoral y luego de reducción de homicidios, a cambio de beneficios económicos, procesales, carcelarios, compromiso de no extradición e incorporación de delegados en el gabinete de gobierno. Documentado lo anterior en reportajes investigativos del medio virtual “El Faro”, y en las cortes de Nueva York en procesos abiertos en contra de cabecillas de las pandillas.
Desde mayo de 2021, tras utilizar para campaña política de su partido cuantiosos recursos del Estado ($1,000 MM de un total de $3,000MM de empréstitos autorizados en el contexto de la pandemia), obtiene mayoría absoluta en el parlamento y a partir de ahí, y la destitución de facto del máximo órgano de justicia y del Fiscal General, fue cooptando las distintas instituciones del Estado, encontrándose a la fecha bajo su absoluto control. No sin antes establecer reserva por 7 años sobre el uso de los fondos públicos, sobre los que por tanto no rinde cuentas. Su conducta autoritaria se había manifestado desde antes de la pandemia con la irrupción armada al parlamento el 9 de febrero de 2020, para presionar a los diputados para aprobar un empréstito sin explicaciones razonables, hoy se sabe que era para ser destinados esos fondos para las pandillas.
Aquel pacto se rompió en el año 2022 por falta de cumplimiento de los compromisos financieros asumidos por Bukele con las pandillas, luego de 3 años de vigencia en la administración presidencial, que incluía la “política” aceptada por el Estado de que “sin cuerpo no hay delito”, para ocultar cifras de homicidios. Propiciándose el fin de semana más sangriento de la historia del país (sábado 26 de marzo el día más violento con 62 homicidios). Y desde entonces Bukele instaura régimen de excepción por tiempo indefinido (suspensión de garantías constitucionales), con encarcelamiento de decenas de miles de inocentes, muertes y torturas bajo custodia del Estado. Y, sin que en ninguna medida se corrijan las causas que producen pobreza, marginalidad y delincuencia, más bien lo contrario, aunado a la pérdida de la democracia y hasta de la República, conforme se destaca en los siguientes datos
Derechos Civiles y políticos: Libertad de Expresión: posición 135 de 180 países, según Informe Mundial sobre la Libertad de Prensa elaborado por Reporters Without Borders (RSF). Del año 2020 a 2024, El Salvador ha perdido 61 puestos en este indicador, encontrándose incluso por debajo de Burundi y República de El Congo.
Democracia: posición 155 de 173 países, según reporte de IDEA Internacional, Estado Global de la Democracia., con sustantivos retrocesos del año 2020 a 2024.
Derechos Humanos: violaciones graves, según reportes de CIDH, Human Rights Watch y Amnistía Internacional: Total de detenidos bajo el régimen de excepción: 95,000 aproximadamente,, la gran mayoría procedente de los barrios pobres, sin derecho a juicios justos ni contacto con sus familias ni abogados, con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo: 1824 detenidos por cada 100,000 habitantes, o sea, una tasa del 1.8 %, que es el doble de la del país que le sigue, Cuba. Aquí se incluyen a los “presos de conciencia”, como Ruth López, integra defensora de derechos humanos, de las 100 mujeres más influyentes del planeta según la BBC de Londres; y demás presos políticos según detalle anexo, algunos ya así declarados por Amnistía Internacional.
445 muertos bajo custodia del Estado de los detenidos en los últimos 3 años, muchos de ellos con señales claras de torturas.
Acceso a la justicia, Estado de Derecho, Elecciones creíbles, y cualquier otro indicador similar, indican la grave situación en que El Salvador se encuentra.
Derechos Económicos, sociales y culturales: Deuda Externa en esta administración se ha llevado al límite más alto de la historia salvadoreña, arriba del 94%del PIB, a lo que falta sumar el sobre adeudo de las instituciones autónomas, sin que se haya traducido en: La pobreza y la pobreza extrema: de 22.8% de los hogares subió a 27.3. Inversión pública: anualmente se ejecuta menos del 50% de lo presupuestado, con evidentes sobreprecios en lo efectivamente ejecutado; y sin rendición de cuentas por encontrarse toda esa información “bajo reserva”. Crecimiento económico: promedio 2.4 %, encontrándose por debajo incluso de Nicaragua. Inversión extranjera directa, teniendo el último puesto en la región, incluso por debajo de Nicaragua, Cultivo de granos básicos: antes de Bukele se cultivaban 26MM de quintales para un consumo requerido de 25 MM de quintales; con Bukele se cultivan 19 MM de quintales frente a los 25 MM requeridos, generando inseguridad alimentaria.
Todo lo anterior sostenido con el descabezamiento de la resistencia y la oposición; la persecución a líderes políticos, del movimiento social, a la prensa, a los defensores de los derechos humanos y a cualquier crítico; el establecimiento indefinido de un intimidatorio régimen de excepción, de suspensión de garantías constitucionales; la militarización de la sociedad; y a través del establecimiento del odio como instrumento político y social para el afianzamiento en el poder; y una multimillonaria campaña mediática de ataque a la disidencia, y el culto a la imagen personal de Bukele.
Como podemos claramente observar, la región se encuentra en una situación que debe llamar la atención a México porque de agravarse la situación nuestro país será el receptor de miles de ciudadanos que, en situación de migración forzada, migración de refugio o de tránsito que se estancará por el proteccionismo de los Estados Unidos.
Centroamérica debe ser analizada, entendida y atenderla, los proyectos autoritarios de Nicaragua y El Salvador no son opción de desarrollo, crecimiento y de democracia. No deberían también ser referentes de gobierno y todos deberíamos de repugnarlos.
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