Por Hugo Gama
Para la sociedad y la opinión pública, el Poder Judicial suele medirse principalmente por la atención y resolución de asuntos de carácter criminal; la mayor parte del interés se enfoca en la materia penal. Sin embargo, un gran número de los asuntos que se ventilan en la institución corresponden a otras materias, como la civil y la familiar.
En el presente artículo me referiré exclusivamente a la materia familiar en el ejercicio de la función jurisdiccional, a su relevancia en la impartición de justicia y a su impacto en la sociedad.
Tengo la certeza de que todas y todos tenemos algún familiar o conocido que ha pasado o está pasando por un juicio familiar en el que existe disputa por la convivencia, custodia o alimentos de menores de edad, y en el que quienes resultan más afectados son, precisamente, las infancias.
Durante las últimas dos décadas, el derecho familiar ha experimentado modificaciones e interpretaciones derivadas de criterios emitidos por tribunales internacionales y constitucionales, las cuales han fortalecido la protección de las infancias, colocándolas en el centro de la discusión a través de lo que se ha denominado el interés superior de las y los niños.
Lo anterior ha llevado a que las personas juzgadoras, a través de sus resoluciones, sean garantes de la protección de las y los menores, desde el momento en que se plantea un conflicto ante el tribunal y hasta su resolución, estableciendo medidas suficientes y necesarias para salvaguardar la integridad plena de las infancias.
Para el Nuevo Poder Judicial de Michoacán, las infancias son una prioridad. Por ello, se han tomado decisiones directamente relacionadas con su protección, como la rehabilitación del Centro de Convivencia Familiar de Morelia, así como la gestión para la creación de más espacios de esta naturaleza en el interior del estado.
En la parte jurisdiccional, las juezas y jueces que conocen de derecho familiar, tienen claro que las infancias están y deben estar en el centro de sus decisiones, salvaguárdalos y protegerlos íntegramente, a efecto de que sus requerimientos y necesidades sean atendidas. Pero más allá de ello, se busca que a pesar de las dificultades que los llevaron a conocer un juzgado, en su vida cotidiana puedan ser felices y crecer de manera sana. Así es como las decisiones judiciales impactan de forma positiva en la sociedad, contribuyendo a la formación de personas de bien.
Al Poder Judicial le corresponde actuar con congruencia e impartir una justicia completa. No es permisible que las personas deudoras alimentarias incumplan con las necesidades de sus hijas e hijos, lo que se ha entendido bien entre quienes imparten justicia, razón por la cual se han realizado inscripciones en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, así como la emisión de otras medidas encaminadas a garantizar el cumplimiento de estas obligaciones.
La impartición de justicia está cambiando. Es sensible, comprende su obligación constitucional y legal, y reconoce que, en el derecho familiar, las infancias están por encima de todo y constituyen la prioridad. Proteger el interés superior de la niñez implica que las juezas y los jueces hagan todo lo que esté a su alcance jurídico para garantizar esa protección y alcanzar la justicia completa que la sociedad demanda.
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