Por Catalina Rosas
La reforma política planteada en la mañanera de la semana pasada, representa una oportunidad necesaria para modernizar el sistema democrático mexicano, hacerlo más cercano a la ciudadanía y más eficiente en el uso de los recursos públicos. Lejos de significar un retroceso como lo ha señalado la oposición, puede interpretarse como un paso hacia una democracia más participativa, dinámica y menos burocrática. La propuesta se inscribe en un momento clave: la consolidación del proyecto político iniciado en 2018 y su proyección hacia el proceso electoral de 2027, donde se renovarán diversos cargos de representación.
Uno de los elementos más relevantes es el fortalecimiento de mecanismos como la revocación de mandato. Adelantarla y vincularla a procesos electorales permitirá: incrementar la participación ciudadana, convertir a la ciudadanía en un actor más activo en la evaluación del gobierno, fomentar una cultura política de rendición de cuentas continua, no limitada a elecciones cada seis años. Desde esta perspectiva, la reforma impulsa una democracia más viva, donde el poder no se delega completamente, sino que se supervisa.
Otra oportunidad positiva será que permitirá la participación de funcionarios en campañas puede verse como una medida polémica, pero también tiene ventajas importantes como: favorecer el debate público directo entre quienes ejercen el poder y la ciudadanía, reducir la simulación política, al hacer explícitas las posturas, fortalecer la rendición de cuentas, ya que los funcionarios deben defender públicamente sus resultados. En lugar de ocultar la política, la reforma la hace más visible y debatible.
La reducción de gastos en organismos electorales y estructuras gubernamentales responde a una demanda social legítima, porque permitirá evitar el dispendio de recursos públicos, eliminar privilegios y burocracia excesiva y redirigir recursos a áreas prioritarias como educación, salud o infraestructura.
Una democracia no necesariamente debe ser costosa para ser efectiva; la eficiencia también es un valor democrático.
El sistema electoral mexicano fue diseñado en un contexto distinto. Hoy enfrenta nuevos retos, entre ellos un mayor acceso a la información, ciudadanía más crítica y participativa, nuevas formas de comunicación política, la reforma busca adaptar las reglas a esta nueva realidad, evitando que las instituciones se vuelvan rígidas o desconectadas de la sociedad.
En conjunto, los cambios propuestos pueden contribuir a reducir la distancia entre gobernantes y gobernados, generar mayor legitimidad en las decisiones públicas, construir una democracia basada en la confianza y participación, no solo en procedimientos formales.
Apoyar esta reforma implica apostar por una transformación del sistema político hacia un modelo más participativo, más austero y más cercano a la ciudadanía. Si bien existen riesgos que deben atenderse mediante regulación y vigilancia institucional, la reforma ofrece una base para reconfigurar la democracia mexicana en mayor inclusión y eficiencia, alineada con las demandas sociales actuales. La reforma política rumbo al 2027 representa una transformación profunda del sistema democrático mexicano.
