Por José Irán Moreno Santos
A lo largo de la semana pasada, en mi página de Facebook, he posteado algunas propuestas que considero que el gobierno mexicano debería emprender para despojar al gobierno de Trump de sus pretextos para realizar bombardeos o incursiones militares en México, y así evitar que participen, sin autorización del gobierno mexicano, en operaciones contra el crimen organizado.
El pretexto al que recurren Trump, la CIA y la DEA es que México está gobernado por el crimen organizado y que importantes regiones están bajo el control de cárteles, a pesar de que hay autoridades electas que protegen a estas organizaciones (las cuales son consideradas terroristas). Con ello justifican su intervención, detención, persecución o eliminación, como lo sucedido con «el Mencho» o los narcolaboratorios.
Estos pretextos se magnifican tras la incursión militar y detención ilegal del presidente de Venezuela, la cual ha sido condenada por la mayoría de los países del mundo, así como por los bombardeos ilegales a Irán.
La respuesta de nuestro gobierno ha sido, es y será retórica y demagógica; producto de una cadena de errores político-diplomáticos que se han venido sucediendo en los últimos años bajo la coalición gobernante Morena-Partido del Trabajo-Partido Verde. Esto debido a su inexistente propuesta de gobierno en materia de relaciones internacionales, escudándose en la Constitución —esa que reformó Miguel de la Madrid en 1988 previendo alguna revuelta social y represión tras el fraude al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas— para posicionarse ante la comunidad internacional.
Lo declara la presidenta, lo mismo repite el secretario de Exteriores, el embajador ante la ONU y el inexperto embajador en la OEA; no se salen del guion y eso es lamentable. El gobierno es reactivo y no propositivo porque no tiene claridad en qué hacer para despojar a Trump de su pretexto y rebasar sus argumentos.
Desde mi perspectiva, reitero que el gobierno mexicano debería, en voz de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en un mensaje en cadena nacional dirigido a la nación y al mundo, responder con claridad, sensatez, responsabilidad y contundencia al presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Debe dejar claramente asentado y sin titubeos que el gobierno de México, a nivel nacional y en las 32 entidades federativas, no tiene vínculo alguno con las organizaciones del crimen organizado.
Debe expresar de manera firme y responsable que cualquier funcionario del Estado mexicano, en los tres niveles de gobierno, que tenga algún vínculo con organizaciones delictivas será separado de su cargo, detenido, procesado y sentenciado conforme a nuestras leyes vigentes.
Debería instruir al secretario de Relaciones Exteriores para invitar a nuestro país a un Grupo de Expertos Internacionales Anticorrupción. Este grupo, junto con la Fiscalía General de la República, podría iniciar procesos de investigación sobre posibles vínculos de autoridades con el crimen organizado y, en caso de encontrarlos, se inicien procesos judiciales y se sancione penalmente a los implicados.
Se hace necesario que el gobierno asuma la responsabilidad de una verdadera lucha contra la corrupción y muestre que los funcionarios electos y sus administraciones no están vinculadas con el crimen organizado y que este no gobierna en municipios, estados o en la Federación.
Sería de mucha estatura política que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo permita que la sociedad civil observe el proceso, señale avances y respalde esta lucha acompañada del Grupo de Expertos Internacionales Anticorrupción, a fin de dar a conocer que la política emprendida está cumpliendo el objetivo de erradicar la corrupción y los vínculos con el crimen organizado.
Sin duda, es innegable la necesidad de hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 89, fracción X, relativo a la no intervención, la autodeterminación, la cooperación internacional y la solución pacífica de controversias. Pero hay que empezar desde adentro; es impostergable proponer políticas concretas que demuestren al mundo que el presidente Trump está equivocado. México debe legitimar su legalidad permitiendo la cooperación internacional para la lucha contra el crimen organizado como política de Estado, avalada por organismos internacionales que fortalezcan nuestra soberanía.
Si el gobierno impulsara esta lucha con los mecanismos antes mencionados, responderíamos de manera responsable y contundente a las declaraciones y acciones ilegales del presidente de los Estados Unidos. Es necesario erradicar cualquier sospecha sobre la integridad del Estado para despojar a terceros de sus pretextos para agredir a nuestro país.
La SEDENA debe dejar de actuar por su cuenta, respetar la Constitución e informar a la Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas, porque su actuar en los casos de Chihuahua y Jalisco no muestra lealtad. El gobierno debe dejar de señalar e inventar culpables; la responsabilidad es suya y debe comenzar a resolverlo. Aquí una propuesta.
NOTA DE PROTESTA
Es condenable que los gobiernos de Venezuela y Nicaragua reaccionen solo cuando se aplican medidas de fuerza y liberen presos políticos; su reacción es insuficiente, por lo que seguimos demandando la libertad de todos los presos políticos en Nicaragua, Venezuela y Cuba.
Nos solidarizamos con los periodistas en México y demandamos justicia para aquellos que han sido asesinados por ejercer su trabajo de informar a la sociedad.
No a la extraterritorialidad de las leyes; alto total al unilateralismo.
México debe dejar su retórica nacionalista y velar por las democracias latinoamericanas más allá de sus coincidencias políticas, fijando un posicionamiento sensato, claro, contundente, objetivo y progresista frente a los imperialismos de Estados Unidos, Rusia, China e Israel.
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