Por Alejandro Castañeda
Las denuncias realizadas por personal técnico del programa federal Sembrando Vida han colocado nuevamente en el centro del debate una pregunta fundamental: ¿puede el Estado promover el bienestar social sin garantizar plenamente los derechos laborales de quienes hacen posible sus programas?
De acuerdo con una investigación publicada por SinEmbargo, facilitadores y técnicos productivos del programa denunciaron la imposición de cuotas económicas, la falta de seguridad social y la ausencia de un seguro que los proteja frente a los riesgos inherentes al trabajo de campo. La situación cobró mayor relevancia tras el accidente sufrido por uno de los trabajadores, hecho que, según sus compañeros, evidenció la vulnerabilidad en la que desempeñan sus funciones.
Sembrando Vida constituye una de las principales estrategias del Gobierno de México para impulsar la reforestación, recuperar suelos degradados y fortalecer la producción agroforestal en comunidades rurales. Miles de campesinas y campesinos reciben apoyos económicos y acompañamiento técnico para desarrollar sistemas productivos sustentables. Sin embargo, detrás de esos resultados existe un grupo de profesionales que diariamente recorre comunidades, brinda asesoría, supervisa proyectos y enfrenta condiciones climáticas, geográficas y de seguridad que implican riesgos permanentes.
Las denuncias ponen sobre la mesa una discusión que trasciende a un solo programa gubernamental. En México, miles de personas prestan servicios al Estado bajo esquemas de honorarios o contratos temporales que, en la práctica, limitan su acceso a derechos laborales como seguridad social, atención médica, protección frente a accidentes de trabajo y estabilidad en el empleo.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil. Asimismo, el artículo 123 establece principios para proteger a las personas trabajadoras, mientras que diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscritos por México, promueven condiciones laborales seguras, protección social y empleo con derechos.
Desde una perspectiva de derechos humanos, el trabajo no puede entenderse únicamente como una fuente de ingresos. Constituye un derecho que debe ejercerse en condiciones de igualdad, seguridad y dignidad. Cuando quienes implementan políticas públicas carecen de protección frente a accidentes o enfermedades relacionadas con su actividad, no solo enfrentan incertidumbre personal y familiar; también se debilita la capacidad institucional para cumplir con los objetivos de desarrollo social.
El caso de Sembrando Vida invita a reflexionar sobre la importancia de que las políticas públicas sean coherentes tanto en sus fines como en los medios para alcanzarlos. Un programa diseñado para regenerar el territorio y combatir la pobreza rural fortalece su legitimidad cuando garantiza también los derechos de las personas encargadas de hacerlo realidad.
La protección del medio ambiente, el desarrollo rural y la justicia social no son objetivos incompatibles con el respeto a los derechos laborales. Por el contrario, forman parte de una misma visión de desarrollo sostenible, donde la dignidad de las personas ocupa un lugar central.
Las autoridades competentes tendrán ahora la responsabilidad de esclarecer los señalamientos y, en su caso, corregir las deficiencias que pudieran existir. Al mismo tiempo, el debate ofrece una oportunidad para revisar las condiciones laborales del personal contratado en distintos programas públicos, con el propósito de avanzar hacia un modelo de administración pública que coloque en el centro el respeto a los derechos humanos.
Porque la justicia social comienza por casa. Y un Estado que busca garantizar derechos difícilmente puede hacerlo de manera plena si quienes ejecutan sus políticas carecen de las condiciones mínimas de protección que la propia Constitución reconoce como fundamentales.
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