Por América Juárez Navarro
Morelia, Mich., Juana Baltazar Felipe acudió cuatro veces a la autoridad municipal, sin embargo, la cuarta ocasión termino con su vida, su pareja se lo había advertido, “te voy a matar para que tengas una razón y me metan a la cárcel”, y así fue, un sábado 17 de marzo, la apuñaló y mato frente a sus dos hijas de 14 y 7 años.
El caso de Juana, es una muestra cruda de las dificultades que aún muestran la víctima y los familiares de las víctimas, en el acceso a la justicia, de estas 4 denuncias que fueron canalizadas al DIF municipal, solamente se generó un convenio, para finalmente su voz ser acallada.
Juana de 36 años era comerciante, mujer indígena madre de tres hijas, una de 19 años que ya no vivía con ella, una niña de 7 años y otra adolescente de 14 a la edad, en diversas ocasiones fue objeto de violencia familiar, en varias ocasiones acudió con la autoridad municipal para denunciar que era víctima de violencia, y aunque su pareja fue detenido en varias ocasiones al final alguien pagaba su fianza y se le dejaba en libertad.
Dejó en varias ocasiones y su marido volvió a buscarla y llevarla consigo por la fuerza, la autoridad como única respuesta solamente género convenios pero en la última ocasión lo dejó se fue a vivir a una casa de su hermano y su cuñada, donde fue asesinada. El hombre fue detenido y consignado, pero durante la audiencia no hubo un traductor en su lengua purépecha, para la familia, no se les brindó asesoría, ni apoyo, no han sido contactadas por la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, tampoco recibieron y apoyo y asesoría por parte de ninguna dependencia, desconocen cómo esta expediente.
El presunto responsable y su familia está vinculada a líderes y personas que tienen cierta influencia en la región y que forman parte de partidos políticos, esto ha generado temor y miedo entre esta familia y entre las propias hijas quienes narran la situación a la que se han enfrentado.
Alma de 19 años de edad quién actualmente se encuentra casada con un limitado español expone su temor, sus hermanas fueron expulsadas de la vivienda, les han asegurado que esa casa será vendida para sacarlo de la cárcel y pagar la fianza y han mantenido la intimidación contra ella y sus hermanas. “Mi papá hizo una amenaza de la última denuncia, le dijo, que si la iba a matar, si lo volvía a encarcelar, para que pueda estar por por una justa razón, era lo que se merecía”, dijo la hija de Juana.
La madre de Juana reconoce las dificultades que han tenido que enfrentar para poder llegar a la Justicia con su limitado español relata Cómo ha sido complicado que alguien les atienda o los escuche Incluso un abogado les pidió 25 mil pesos a cambio de acelerar el proceso.
“Nos apoyaban otros, pero necesitábamos mucho dinero como 25 mil y nosotros de donde vamos a sacar, no tenemos terreno, ni un burrito, ni un caballo para vender, nada más, poquita tierra para vivir nadamas, solo dos cuartitos tenemos y no tiene techo”, refirió la madre de la víctima.
La asociación de Humanas Sin Violencia en voz de su presidenta Circe López Río Frío, preciso que están demandando para a través de la Secretaría de la Mujer se les proporcione atención integral como víctimas secundarias, a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas un abogado coadyuvante profesional hablante de purépecha y calificado y una reunión a la brevedad para que se les explique en qué situación se encuentra el proceso y se les dé acceso a la carpeta de investigación.
La activista social fue enfática responsabilizó al presidente municipal de Chilchota de lo que pudiera ocurrir con la familia, ya que no existe una instancia municipal de la mujer con personal calificado y capacitado para brindar la atención a este sector social y garantice las medidas de protección a la familia y que cumpla con ellas, pues en el momento del homicidio no existía ninguna estancia lo que derivó en este feminicidio.
Antes de ser asesinada, Juana denunció cuatro veces a su pareja, ninguna autoridad la atendió
