Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Los partidos políticos son los responsables de revisar que los aspirantes que postulen a candidaturas no estén en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).
Durante el Foro Acciones afirmativas para una democracia inclusiva, organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), las consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) Dania Ravel Cuevas y Carla Humphrey Jordan coincidieron en que las autoridades electorales deben garantizar que personas violentadoras de mujeres en razón de género no tengan acceso al poder.
En la conferencia Retos en la aplicación de la 3 de 3 en el Proceso Electoral 2023-2024, Ravel Cuevas consideró que se tiene que hacer una revisión completa para verificar que efectivamente todas las personas cumplan con lo que ya es un requisito de elegibilidad.
Por tanto, no tendrán que estar en alguno de los tres supuestos: personas deudoras de pensión alimenticia, agresores sexuales o que hayan cometido violencia familiar.
Asimismo, señaló que para que esta ley tenga una mayor efectividad se deben firmar convenios con los tribunales, además de que serán los partidos políticos los que revisarán que en éste no se encuentre él o la aspirante y valorarán la pertinencia de la postulación de la persona.
De paso, aclaró que el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de VPMRG nunca ha tenido como objetivo que la persona ahí registrada pierda su derecho automáticamente a ser candidata o candidato.
Por su parte, en el panel 1 titulado El papel de las autoridades electorales en la aplicación de la 3 de 3, la consejera Carla Humphrey Jordan advirtió que cada vez que aumenta la participación de mujeres en política, también incrementa la violencia que se ejerce contra ellas por querer incursionar en estos espacios públicos.
“Y los partidos políticos tienen la responsabilidad también de no presentar a personas violentadoras para postularse a un cargo de elección popular”, exhortó.
Humphrey Jordan reiteró que hay una sanción establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expresamente para la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, la cual señala que puede haber distintas sanciones, pero una de ellas es la cancelación y/o la negativa del registro a ser postulado como candidato o candidata a un cargo de elección popular.
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