Por Héctor Tapia
¿Candidaturas únicas o de unidad entre todos los partidos, sin importar cuáles, sin importar origen partidario de la postulación, para los municipios con alta violencia?
De pronto suena descabellado, pero parece ser, cuando menos así se lee, la única propuesta “novedosa” puesta sobre la mesa para que el proceso político electoral salga avante para hacer frente a la violencia que se vive en varias regiones.
No basta con llamados y exhortos, como pretenden algunos partidos políticos; pero tampoco basta con aseverar que todo está bien, o ser omisos con una realidad que es más que visible, no sólo para los aspirantes a algún cargo de elección popular, sino para los habitantes de ciertas regiones del estado.
La violencia criminal que azota varias regiones y que amenaza al actual proceso electoral, no se originó de un día a otro, ni es culpa de los actuales gobiernos; pero tampoco esto los exime de omisiones.
La injerencia de la delincuencia organizada, o la intención constante, en los procesos electorales no es nuevo. No es del proceso electoral que avanza, tiene cuando menos unas dos décadas de forma mucho más agresiva; aunque esto no se haya denunciado, y aunque esto tampoco haya llegado a las autoridades ni electorales ni judiciales.
Si bien suenan como “leyendas urbanas”, porque nadie investiga, porque por sexenios la omisión, el hacerse de la vista gorda, fue la constante, desde los mismos municipios, muchos que no todos, la historia se repitió con diferentes actores: se dieron pactos, por presión, amenazas, complicidad o colusión.
En todo caso, la delincuencia organizada y la violencia que se generó, fue un animal que se gestó, alimentó, y creció a la sombra del mismo poder del Estado, que ahora no se sabe cómo afrontar, y que por su penetración en la base social y económica de las regiones ha complicado el arrancarlo de raíz.
La responsabilidad del escenario actual es de prácticamente todos los partidos políticos; casi todos han estado en los gobiernos federal, y estatales, en los últimos periodos de gobierno.
Por eso es irrisoria la postura de partidos como el PAN, el PRI o el PRD, en el sentido de culpar solo al actual gobierno sobre la violencia que se vive, cuando ellos provocaron una ola de violencia que, como ola, con ellos como gobiernos generaron una onda expansiva de la cual se siguen provocando reacciones hasta la actualidad de la cual tampoco ha habido ni eficacia, ni claridad, ni contundencia, y sí mucha indolencia y omisión, de la actual administración para hacer frente los grupos criminales.
No basta con pedir cartas de no antecedentes penales a los aspirantes, no basta con llamar a los partidos a postular a los “más limpios”, no basta con exigir al gobierno que ponga mano dura contra la violencia que evidentemente traspasa o trasciende a los procesos político electorales.
El tema es mucho más profundo que sólo repartir culpas; y, en efecto, si no se pone un alto, o un freno, la injerencia y amenazas de los grupos delincuenciales, ligados con intereses económicos y políticos, la violencia no sólo seguirá creciendo, sino también amenazando a la democracia y a las instituciones.
Falta combatir la impunidad, falta combatir de manera contundente la corrupción que se liga directamente con la delincuencia, falta cerrar el paso, investigar, y sancionar, a empresarios y políticos que están ligados con la misma delincuencia; falta fortalecer la inteligencia en la investigación, y que los jueces también hagan su trabajo. Insisto, es más profundo y complejo que sólo dejarlo en llamados y exhortos.
¿Candidatos únicos en los municipios más violentos, para blindar los procesos político electorales?, quizá se manda el mensaje de que el Estado y el Sistema Democrático está derrotado; tampoco no sé si sea necesariamente la respuesta; pero lo cierto es que no hay más propuestas sobre la mesa que atienda la urgencia inmediata.
