Héctor Tapia / Metapolítica
Luego de que la sección 271 del Sindicato Nacional de Mineros, que lidera Napoleón Gómez Urrutia, rechazó la propuesta que hizo ArcelorMittal para destrabar la huelga que existe en el complejo siderúrgico de Lázaro Cárdenas, la firma indicó que esto pone en riesgo el Contrato Colectivo de Trabajo y la misma fuente laboral que significa la empresa.
A través de un comunicado de prensa, ArcelorMittal refirió que le causó extrañeza la postura de los trabajadores sindicalizados, quienes manifestaron por mayoría su rechazo a lo que les planteó la empresa para solucionar este conflicto que lleva ya casi dos meses, y por el cual el complejo siderúrgico está paralizado.
“En ArcelorMittal lamentamos esta decisión ya que constituye un precedente delicado y negativo que atenta contra la certidumbre y el estado de derecho en nuestro país”, refieren.
Y continúan remarcando que “es impensable que trabajadores y el sindicato que los representa amparados en la ilegalidad y en la absoluta impunidad comprometan la sustentabilidad de una empresa estratégica en México, en una de las actividades productivas más importantes de cualquier economía y más grave aún que se amparen en el ejercicio de sus derechos colectivos para simular un movimiento legítimo que en el fondo lo que en realidad pretenden es extorsionar a una empresa y obtener un lucro indebido”.
La firma acerera destaca que previo a la consulta a los trabajadores, que organizó el Sindicato Minero con el acompañamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para dar fe del mismo, se llevó a cabo una asamblea “para orientar el sentido del voto”, con lo que se violentó la secrecía del voto y actos de inducción e intimidación durante el desarrollo de la votación.
“De la misma forma, recibimos información que dicho proceso se politizó al involucrar disputas de carácter intra-sindical”, refiere el documento.
ArcelorMittal destaca que desde el 27 de mayo del presente año “cubrió en tiempo y forma el pago del reparto de utilidades rebasando el límite legal de los 3 meses de salario, al cubrir el 10% sin topes. Se reportaron los procedimientos de ley y los derechos de los trabajadores, quienes participaron en las revisiones puntuales de la declaración fiscal correspondiente al 2023”, que es la que se utiliza como base para medir la distribución de dicho reparto.
Pese a esto, profundiza, “el sindicato Minero tomó la decisión de secuestrar las instalaciones de la empresa para forzar pagos a los que no tienen derecho, pretendieron además legitimar el paro ilegal mediante emplazamientos a huelga que fueron archivados por la autoridad judicial”.
Insiste en que como empresa han permanecida dispuesta al dialogo y a la conciliación; por ello es que reiteraron su exhorto a los trabajadores “para dirimir nuestras diferencias por las vías institucionales y en el marco de la legalidad”.
La consulta que se llevó a cabo, destaca, aún con el sentido que fue votada por los trabajadores, “no legitima el secuestro de nuestras instalaciones, ni modifica en sentido alguno el carácter ilegal del paro y, por el contrario, confirma la causa de fuerza mayor que impide la realización de los trabajos en nuestra empresa y justifica la terminación de las relaciones colectivas de trabajo”.
“Al haber resultado infructuoso este último esfuerzo por alcanzar un entendimiento, y toda vez que seguirán produciendo consecuencias muy graves a la empresa, la región, el estado y el país, habremos de dar continuidad a las acciones administrativas y legales que en derecho nos asisten en las vías y ante las autoridades correspondientes.
Por otra parte, de conformidad con lo acordado ante las autoridades, quedan sin efecto todos los ofrecimientos realizados, por lo que no existe en este momento ninguna propuesta concreta de solución que obligue a la empresa”, resalta.
Pese a todo esto, insistió en reiterar su disposición al diálogo, pero “ya no estamos dispuestos a permanecer como rehenes de la ilegalidad y la extorsión que carecen de sustento alguno”.
Por ello es que solicitaron a las autoridades:
“Su inmediata intervención para que se ejerza el estado de derecho y se dé resolución a este conflicto para salvaguardar la fuente laboral, dejar de impactar negativamente la economía regional, nacional e internacional y evitar un daño a la imagen de nuestro país, en el mercado global y comunidad internacional, poniendo en riesgo futuras inversiones y credibilidad del estado de derecho”.
