Redacción
Ante una posible reimplementación del alcoholímetro por parte de gobiernos municipales en Michoacán, el Tribunal de Justicia Administrativa en el estado, advirtió sobre la necesidad de que “los Ayuntamientos hagan un profundo análisis de la norma, a fin de que no incurran en violaciones de los derechos ciudadanos con esta medida”.
Así lo señaló el magistrado Hugo Alberto Gama Coria, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) , al ser cuestionado sobre la aplicación de esta medida por los municipios más poblados en la entidad.
“Ante esta situación, de la reactivación o continuación del alcoholímetro, que se deriva de reformas al marco normativo estatal, es comprensible que, por consecuencia, se tengan que hacer ajustes en la normativa municipal”.
No obstante, añadió, “es necesario que los Ayuntamientos hagan este análisis puntual y exhaustivo sobre qué es lo que están legislando en sus demarcaciones”.
La razón, no es otra “que el alcoholímetro pueda funcionar de manera adecuada en beneficio de la población, pero respetando sus derechos”.
Gama Coria refirió que, en el pasado, los asuntos presentados ante el Tribunal de Justicia Administrativa “en materia de alcoholímetros los han ganado en su mayoría los ciudadanos contra los Ayuntamientos, precisamente, por lo débil que se encuentra el marco jurídico municipal”.
Si bien el presidente del TJAM aclaró que “es importante que este tipo de medidas se establezcan, también lo es que siempre estén ajustadas al marco jurídico y, siempre, se respeten los derechos de las personas establecidos en la Constitución Mexicana”.
Esto es, que “las infracciones por alcoholímetro estén debidamente fundadas y motivadas, porque una característica es que no lo estaban, por ello los juicios se ganaban por ciudadanos y esto dejaba sin efectos la medida, al declarar su nulidad. ¿Qué quiere decir? Que los Ayuntamientos tenían que reintegrar el recurso a las y los ciudadanos afectados por las mismas”.
Por último, Gama Coria recordó que el TJAM “es un tribunal de legalidad y, en caso de registrar juicios de nulidad por estas infracciones, ya serán los jueces administrativos lo que valoren y en su momento resuelvan si el nuevo marco jurídico cumple los requisitos de ley. Mientras tanto, aspiramos a que se realicen de manera adecuada, de manera legal, para que no se violenten derechos ciudadanos. Qué bueno que se instalan estos alcoholímetros, solamente hay que hacerlo bien”.
