La expresidenta enfrenta seis años de prisión por corrupción, pero es probable que cumpla arresto domiciliario debido a su edad. La decisión judicial frena su regreso político.
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Buenos Aires, Argentina.– La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó este martes la condena por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta del país (2007-2015) y figura central del peronismo. La sentencia, que implica seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, marca un punto final a las aspiraciones de Fernández de Kirchner de retornar a la política en las elecciones legislativas de octubre de 2025.
La condena, originada en la causa conocida como “Vialidad”, se refiere a irregularidades en la adjudicación de 51 contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo, durante los gobiernos de Fernández de Kirchner y su fallecido esposo, Néstor Kirchner (2003-2007). Según la justicia, estas obras fueron otorgadas de manera fraudulenta a Lázaro Báez, un empresario cercano a la familia, generando un perjuicio al Estado por cerca de 1,000 millones de dólares.
A sus 72 años, Fernández de Kirchner no enfrentará prisión inmediata, ya que la legislación argentina permite el arresto domiciliario para mayores de 70 años. Un tribunal inferior determinará en los próximos días si se le concede este beneficio, aunque podría pasar algunos días en detención preventiva mientras se resuelve su situación. Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, señaló que la expresidenta podría ser retenida brevemente en una comisaría antes de que se apruebe el arresto domiciliario.
La decisión judicial ha intensificado las tensiones políticas en Argentina. Simpatizantes de Fernández de Kirchner, líder del Partido Justicialista, bloquearon accesos clave a Buenos Aires, como la autopista Panamericana, en protesta por lo que consideran una persecución política o “lawfare”. Dirigentes peronistas, incluidos Axel Kicillof y Alberto Fernández, han criticado el fallo, calificándolo como un ataque al peronismo y a la democracia.
Por su parte, el presidente Javier Milei celebró la resolución a través de redes sociales, afirmando que “la justicia funciona” y que los responsables de actos de corrupción han quedado expuestos. La condena frustra los planes de Fernández de Kirchner de postularse como candidata a diputada provincial en Buenos Aires, un cargo que le habría otorgado inmunidad parlamentaria.
Fernández de Kirchner, una de las figuras más polarizantes de la política argentina, ha sostenido que los cargos en su contra son políticamente motivados, acusando a sus opositores de utilizar el sistema judicial para limitar su influencia. Durante sus dos mandatos, implementó políticas de bienestar social que le valieron una base leal, pero también críticas por presuntos manejos económicos que contribuyeron a la crisis económica del país.
La sentencia, ratificada por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no solo afecta a Fernández de Kirchner, sino que también condena a otros implicados, como Lázaro Báez y José López, a penas similares. El fallo establece un precedente en la lucha contra la corrupción en Argentina, aunque sus críticos lo ven como un intento de debilitar al peronismo, el movimiento político más influyente del país.
El impacto de esta decisión trasciende el ámbito judicial y reconfigura el escenario político de cara a las elecciones legislativas. Sin Fernández de Kirchner como candidata, el peronismo enfrenta el desafío de reorganizarse, mientras Milei pierde a una adversaria clave con la que polarizaba su discurso. La condena, que Fernández de Kirchner compara con la persecución sufrida por Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, reaviva el debate sobre la justicia y la política en Argentina.
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