Héctor Tenorio
El objetivo del atentado dirigido por porros contra estudiantes del CCH Azcapotzalco que causó terror y dejó un saldo de 2 heridos graves en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) demostró la fragilidad de la transición pacífica del poder que vive el país. Dieciocho de los agresores fueron expulsados de la máxima casa de estudios.
Hasta el momento no es posible afirmar si la violencia respondió a un acto de provocación aislado o forma parte de un guión que llegaría a su clímax el próximo 2 de octubre, justo cuando se cumplen 50 años de la matanza del ejército contra los estudiantes que exigían libertades democráticas en Tlatelolco.
Para nadie quedó claro quiénes son los verdaderos autores intelectuales de lo sucedido el pasado lunes 3 de septiembre. Algunas versiones se inclinan a señalar a políticos vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya que los videos cámaras del gobierno capitalino captaron el trayecto del autobús desde su salida en el Estado de México en un claro plan donde el factor sorpresa fue la tónica para aplastar la protesta pacífica. Otras versiones acusan directamente a los ex delegados Mauricio Toledo de Coyoacán y Víctor Hugo Lobo de la Gustavo A Madero. Esto debido a que en uno de los videos se percibe claramente a quien se supone es pariente de Lobo.
En consecuencia, dos días después 30 mil estudiantes se manifestaron contra la violencia y rechazaron el cerco policíaco, una de sus mayores preocupaciones es que se vulnere la autonomía universitaria. Reprueban la tibieza de rectoría que se ha limitado a explicar en dos escuetos boletines una débil condena de los hechos luego de presentar la denuncia correspondiente. Por lo pronto, 42 escuelas se declararon en paro activo y exigen la salida inmediata de los grupos de choque que existen en la UNAM. A esta petición se sumaron el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma de Metropolitana (UAM).
La magnitud del conflicto ha involucrado a la clase política, algunos coinciden en que nadie ajeno a la institución educativa debe meter las manos. Como si esto fuera posible, la universidad siempre ha sido un laboratorio de intereses políticos, los cuales han rebasado la vida académica. En este sentido, a nadie sorprende que los integrantes del próximo Gobierno de la República luzcan desconcertados y preocupados. No saben si este movimiento podría desatar cambios de último minuto en la conformación actual del gabinete. Los medios de comunicación masivos juegan el papel de caja de resonancia, le dan un seguimiento puntual al desarrollo de los hechos y reproducen en todos los noticieros las imágenes de las golpizas, apuñalamientos y las bombas molotov lanzadas por los porros. Todo esto recuerda y abre las añejas heridas del 2 de octubre de 1968 y del Halconazo de 1971.
La información baja a las calles, los transeúntes intercambian sus propias teorías de conspiración. Surgen historias sobre el control territorial de los cárteles de la droga que operan en el campus, mientras que las redes sociales señalan responsables, incluso suben fotografías, credenciales de elector de los agresores y sus cuentas de facebook. La ciudadanía entró en shock.
A este panorama hay que añadirle un ambiente de incertidumbre, nadie fuera de su equipo político tiene certezas de como será el gobierno encabezado por López Obrador a partir del 1 de diciembre. Los pequeños y medianos empresarios han optado por no invertir su capital hasta no ver cómo se comporta la nueva administración.
El Presidente de la República prometió que habrá gobernabilidad, el problema es que los demonios siguen sueltos. Ya veremos cómo termina el sexenio.
OPINIÓN // Turbulencia en la transición
