Por Catalina Rosas
En la Mañanera del Pueblo de la semana pasada, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, uno de los ejes centrales fue el tema de igualdad y política social, entendido no sólo como un conjunto de programas de apoyo, sino como una estrategia estructural para reducir brechas históricas en México. El discurso oficial subrayó que la política social actual no debe interpretarse como asistencialismo, sino como el ejercicio de derechos constitucionales orientados a garantizar bienestar, justicia distributiva y cohesión social.
La Presidenta reiteró que los programas sociales forman parte de un modelo que coloca en el centro a los sectores históricamente excluidos: personas adultas mayores, mujeres, comunidades rurales, pueblos indígenas, jóvenes sin acceso a empleo formal y familias en situación de pobreza. Desde esta perspectiva, la igualdad no se concibe únicamente como igualdad jurídica, sino como igualdad sustantiva, es decir, la creación de condiciones reales para que todas las personas puedan desarrollarse con dignidad.
Uno de los puntos más destacados fue la defensa del principio de que los apoyos sociales son derechos y no dádivas. Esta narrativa busca romper con la visión tradicional en la que los programas sociales dependían de decisiones discrecionales o estaban vinculados a clientelismos políticos. Al elevarlos a rango constitucional como ha ocurrido con algunos programas sociales en años recientes, el gobierno sostiene que se fortalece la estabilidad institucional y se protege a la población de cambios abruptos de política pública.
Asimismo, se abordó la importancia de mantener y ampliar programas orientados al campo y a pequeños productores. En este contexto, la política social se articula con la política económica, bajo el argumento de que fortalecer el mercado interno y apoyar la producción nacional también es una estrategia de igualdad.
El apoyo al sector agrícola, especialmente en regiones con altos índices de marginación, busca reducir desigualdades territoriales que históricamente han marcado la brecha entre el norte y el sur del país.
En términos de género, la agenda de igualdad ocupa un lugar central. Como primera mujer presidenta de México, Sheinbaum ha insistido en que la política social debe incorporar una perspectiva de género transversal. Esto implica no sólo apoyos económicos directos, sino políticas que favorezcan la autonomía económica de las mujeres, el acceso a educación, salud y servicios de cuidado. La igualdad, en este sentido, se entiende como un proceso multidimensional que involucra transformación cultural, redistribución de recursos y reconocimiento de derechos.
Otro aspecto relevante es la relación entre igualdad y seguridad. Durante la conferencia se reiteró que la reducción de la violencia también está vinculada con la disminución de la desigualdad social. Desde esta óptica, la política social no sólo atiende necesidades materiales, sino que contribuye a la pacificación del país al generar oportunidades educativas, laborales y comunitarias que previenen la exclusión y la marginalidad.
La igualdad y política social refleja una visión de Estado que busca redefinir el papel de la política pública en la redistribución del ingreso y la ampliación de derechos. Más allá de los anuncios concretos, el mensaje central es que la igualdad constituye un eje transversal del proyecto gubernamental actual. El reto hacia adelante será mantener coherencia entre discurso y resultados, garantizando que la política social no sólo reduzca indicadores de pobreza en el corto plazo, sino que transforme estructuralmente las condiciones de desigualdad que han caracterizado históricamente al país.
