Por Catalina Rosas
Uno de los ejes más relevantes del gobierno de la presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo es el reforzamiento del sistema público de salud como parte de una estrategia más amplia de reconstrucción del Estado social mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que la salud debe ser entendida como un derecho y no como una mercancía, retomando una visión que contrasta con las políticas de privatización y subcontratación impulsadas durante las décadas neoliberales. Colocado a la salud en el centro de la política social. Bajo esta lógica, el Estado asume nuevamente la responsabilidad de garantizar atención médica universal, gratuita y de calidad para toda la población, especialmente para los sectores históricamente excluidos. Esta visión implica abandonar el enfoque donde el acceso a los servicios dependía de la capacidad de pago o de la afiliación laboral, para avanzar hacia un modelo más cercano al de los sistemas universales de bienestar existentes en diversos países.
El principal instrumento para alcanzar este objetivo ha sido la consolidación de IMSS-Bienestar como columna vertebral de la atención médica para la población sin seguridad social. Con la incorporación progresiva de hospitales y centros de salud estatales al sistema federal, la contratación de personal médico y de enfermería, el fortalecimiento de la atención primaria, la ampliación de cobertura en regiones rurales e indígenas y la mejora en el abasto de medicamentos.
La apuesta gubernamental consiste en reducir las desigualdades territoriales que históricamente han caracterizado al sistema sanitario mexicano, donde las diferencias entre entidades federativas podían traducirse en enormes brechas de atención. Otro aspecto relevante son las inversiones destinadas a rehabilitar infraestructura hospitalaria, adquirir equipamiento médico y modernizar unidades de salud.
El gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo, sostiene que gran parte de los problemas actuales son consecuencia de décadas de insuficiente inversión pública, lo que generó: Hospitales inconclusos, déficit de especialistas, equipamiento obsoleto, saturación de servicios y dependencia de proveedores privados. Desde esta perspectiva, el fortalecimiento presupuestal del sector salud no representa únicamente un gasto social, sino una inversión estratégica para mejorar la calidad de vida y la productividad del país.
La Presidenta de México también ha vinculado la política de salud con el concepto de soberanía nacional. Señalando que la experiencia de la pandemia mostró la vulnerabilidad de depender de cadenas internacionales de suministro para medicamentos, vacunas e insumos médicos. Por ello, su gobierno ha impulsado acciones orientadas a incrementar la producción nacional de medicamentos, fortalecer la capacidad regulatoria del Estado, recuperar capacidades científicas y tecnológicas y reducir la dependencia de proveedores extranjeros.
Este enfoque conecta la salud pública con una visión más amplia de seguridad nacional y autonomía estratégica. Más allá de los anuncios administrativos, existe una dimensión política profunda. El fortalecimiento de la salud pública forma parte del proyecto de reconstrucción del Estado de bienestar impulsado por la Cuarta Transformación.
En este modelo, el Estado deja de actuar únicamente como regulador y recupera un papel activo como proveedor de servicios esenciales. La salud se articula así con otras políticas sociales como: Pensiones para adultos mayores, becas educativas, programas de vivienda social, apoyos a personas con discapacidad e infraestructura pública estratégica. Lo anterior sostiene que la reducción de las desigualdades no puede depender exclusivamente del crecimiento económico, sino que requiere instituciones públicas fuertes capaces de garantizar derechos sociales universales.
Sin embargo, la demanda de servicios continúa creciendo por el envejecimiento poblacional y el aumento de enfermedades crónicas, aún se debe continuar fortaleciendo el abasto de medicamentos, de médic@s especialistas, la operación en la transición entre sistemas de salud y continuar modernizando infraestructura hospitalaria.
La política sanitaria presentada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, refleja una apuesta clara por fortalecer el papel del Estado como garante de derechos sociales. La consolidación del IMSS-Bienestar, la inversión en infraestructura médica y la búsqueda de soberanía sanitaria forman parte de un proyecto que pretende reconstruir capacidades públicas debilitadas durante décadas. Más allá de las cifras y los programas específicos, el debate de fondo gira en torno a una pregunta central para el México contemporáneo: ¿debe la salud ser un derecho garantizado por el Estado o un servicio condicionado por las dinámicas del mercado? La respuesta del actual gobierno ha sido contundente: avanzar hacia un sistema universal que coloque el bienestar social en el centro de la acción pública.
