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Ley Orgánica para Fiscalía: el debate entre bancadas y la exclusión de especialistas

Héctor Tapia
Con la convocatoria aprobada para el proceso de selección de Fiscal General del Estado y a poco más de tres meses de que se tenga que dar la designación de la persona que velará por la procuración de justicia en la entidad, está por comenzar un debate entre tres iniciativas de Ley Orgánica que regirán el funcionamiento de ésta área que tendrá la tarea de reducir el nivel de impunidad que impera en Michoacán en el castigo o sanción de los delitos cometidos.
Sin embargo, en este proceso de diseño de la Ley Orgánica no se ha contemplado la opinión de expertos y organizaciones civiles, para poder asegurar, a su vez, la garantía de que esta fiscalía atenderá de fondo el problema de la procuración de justicia y la autonomía de la Fiscalía General.
Al momento hay indicios que apuntan a que esta posición del Fiscal será asignada bajo criterios políticos y no bajo criterios técnicos, aspecto que preocupa a organismos como el Observatorio Ciudadano de Michoacán, asociación especializada en el análisis estadístico del comportamiento de la incidencia delictiva en la entidad, y que ha remarcado el vacío a la opinión ciudadana en este proceso que considera fundamental para tener un Fiscal que cumpla con las demandas de los ciudadanos.
Son tres iniciativas de Ley Orgánica las que se encuentran ya turnadas a comisiones en el Congreso del Estado, y que están por comenzar a discutirse en breve; ya sea para enriquecer una sola y sacar un dictamen conjunto entre las bancadas que las proponen, o para buscar imponerse una a otra, dependiendo de la correlación y suma de fuerzas en el Legislativo Michoacano.
La primera de estas iniciativas fue presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), hace unos días; en tanto que este miércoles fueron presentadas otras dos, una por parte del Grupo Parlamentario del PRD y otra más por la fracción de Morena.
De manera paralela a esta discusión de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, o su marco normativo, se libra el proceso de selección que comenzará con el registro de los aspirantes a ser el primer Fiscal del Estado, mismos que comparecerán ante comisiones para de ahí seleccionar a 10 perfiles que serán remitidos al Ejecutivo del Estado, quien a su vez –de esos 10 perfiles- remitirá tres al Congreso para que estos tomen la determinación de quién asumirá esta posición; lo que se prevé se finalice en el mes de marzo del próximo año.
Al respecto, Alfredo Ramírez Bedolla, coordinador parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), refirió que la iniciativa que presentaron como fracción tiene algunas características y consideraciones que la distinguen de las propuestas planteadas por las otras bancadas.
Ramírez Bedolla apuntó que en la iniciativa que plantean se busca que sea la ciudadanía a través de su voto pueda elegir a los Fiscales Regionales, que no aplicaría para esta primera designación del Fiscal General por que ya se definió que será el Congreso, a propuesta del Ejecutivo, quien designará a esta figura que durará 9 años en el cargo.
En tanto que el coordinador parlamentario del PRD, Adrián López Solís, aseveró que en la propuesta que ellos plantean contempla aspectos “funcionales” de las actividades de los Ministerios Públicos, desde la investigación y el fortalecimiento del organismo como una figura autónoma, que esté apegada al Código Nacional de Procedimientos Penales.
A partir de esta propuesta, dijo, se busca que haya también fiscalías especializadas, y que se ubiquen de acuerdo a aspectos territoriales para que sean “más eficaces”.
López Solís reconoció que no se han revisado las otras propuestas; sin embargo apuntó que las comisiones respectivas trazarán una respectiva ruta de trabajo, con una mesa técnica, para ir desahogando el análisis de las iniciativas que se han presentado, para poder resolver las necesidades que enfrentará la Fiscalía.
Cabe apuntar que es probable que haya otras iniciativas de Ley Orgánica que podrían presentar otros diputados o grupos parlamentarios, mismas que entrarán también al proceso de discusión legislativa.

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