Héctor Tapia
Para evitar escenarios de confrontación en las comunidades indígenas de Michoacán, que pudieran derivar en aspectos que desemboquen en ingobernabilidad y violencia, y garantizar a su vez el pleno respeto a su derecho que tienen de definir sus esquemas de gobierno, así como el ejercicio de los recursos, es urgente que se legisle en Michoacán en materia indigena.
Se tiene un rezago por lo menos de alrededor de 20 años en cuanto a la armonización legal que permita a las comunidades indígenas el respaldo legal y las herramientas necesarias para hacer efectivo de manera plena sus derechos, explicó Orlando Aragón Andrade, integrante del Colectivo Emancipaciones, asociación que ha acompañado a varias comunidades desde el terreno legal para que accedan a la designación directa de recursos.
Orlando Aragón explicó que la dinámica que viven actualmente las comunidades indígenas es distinta a la de antes del proceso electoral pasado; venía una tendencia creciente de parte de las comunidades indígenas por recurrir a procesos judiciales para buscar reivindicar su autodeterminación.
La coyuntura del relevo en la presidencia de la república, con Andrés Manuel López Obrador al Frente del Ejecutivo vino a despresurizar la tensión en las comunidades indígenas, y contuvo un poco la ola de descontento, por la simpatía misma que tienen estas comunidades con el mandatario mexicano; aunque todavía las mismas comunidades reconocen aspectos relevantes por atender, explicó el abogado.
Las comunidades poco a poco ven en el autogobierno un método eficaz para poder no sólo ejercer sus presupuestos directos, sino para incidir en los temas que les son relevantes.
Las comunidades
En la entrevista explicó que la primer comunidad en entrar en un esquema de autodeterminación fue Nurío, ellos no judicializaron su lucha, fue un movimiento político por medio del cual convencieron al ayuntamiento de Paracho en el ejercicio directo de sus recursos.
Luego de este se dio el de Tanaco, en Cherán, que estaban en conflicto entre la tenencia y la cabecera municipal que cambió su esquema de elección de autoridades y pasó de elegir sus autoridades del sistema de partidos al de usos y costumbres; en esta relación no fue a través de juicio sino como un acuerdo político, la ministración de los recursos para el ejercicio directo.
Entre estos dos, dijo, “los procesos judicializados, quedan de manera indefinida, pero es distinto que un tribunal ordene una cosa que cambiará hasta que otro tribunal va a cambiar, pero en acuerdo político puede cambiar en cualquier momento”, señaló; aunque reconoció que es positivo que en el caso de los que se lograron por acuerdo, que esta voluntad persista.
En la judicialización entró Pichataro, San Felipe de los Herreros, luego Arantepacua, y -aunque inicio primero- Santa Fe de la Laguna, que recientemente logró este reconocimiento.
El caso de Nahuatzen, dijo, tiene un carácter especial, porque aunque la cabecera municipal pidió la designación directa, desde los tribunales le dieron trato de tenencia, y con ello también se complicó el conflicto, donde incluso se podría decir que el alcalde (electo por sistema de partidos) está en desacato.
Cabe remarcar que son dos esquemas a los que las comunidades indígenas pueden acudir, dependiendo de sus características, para buscar su autodeterminación; una es el cambio del sistema electivo de sus autoridades, que es aplicable a todo un municipio, o desde la cabecera municipal; y está también la designación directa de recursos de parte del ayuntamiento, al cual pueden acudir sólo las comunidades y tenencias.
En este contexto, el integrante del Colectivo Emancipaciones dijo que a las comunidades indígenas no les da el autogobierno para revertir del todo los viejos problemas, aunque “sí para hacer cambios importantes; no te da para revertir la pobreza de todo, te da para redistribuir mejor obras, mejoras de seguridad, pero lo otro, ahí está e implica un cambio mucho mayor”.
“Pantanos legales”, por falta de legislación
Para Orlando Aragón el reto principal que enfrentan los autogobiernos “es que se encuentran en un campo pantanoso política y legamente”, porque “políticamente no terminan por ser aceptados por el sistema de partidos”, y los gobiernos emanados de estos.
A 8 años de que se lograra que Cherán cambiara su forma de gobierno, en el terreno legal, en Michoacán, no se han logrado cambios, esto a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya reconoció que el gobierno puede ser por ayuntamiento o por consejo, como decidan las comunidades.
En este sentido, los huecos legales han derivado en que las comunidades indígenas que han podido acceder a la designación directa de recursos, cuando tienen que gestionar, administrar, pedir recursos, o crear una cuenta bancaria para recibir sus recursos, legalmente les aplican normas de ayuntamientos, la misma Ley Orgánica Municipal, la Ley de Fiscalización, y no en base a que son autogobiernos, ni de concejos, lo que legalmente pone en complicaciones a las comunidades.
“Esa es la lógica burocrática del estado; entonces los consejos indígenas, que no están enmarcados en el gobierno municipal, enfrentan muchos problemas, como en la fiscalización”, porque las condiciones particulares de una comunidad no son las del ayuntamiento.
“En una comunidad, la gente se organiza, trabaja de gratis, hace su faena, su trabajo comunitario y con ello se baja muchísimo el costo”, y como se tienen que regir bajo ciertos mecanismos, tienen que licitar, y “no hace mucho sentido”.
De esta forma dijo que “la situación no es que no se fiscalice, sino que se debe, por derecho, de esto se trata también el autogobierno, adecuar la fiscalización”, aspecto que no se ha armonizado desde la Ley en Michoacán.
Hacer estos ajustes legales permitirá garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, por ello es que se tiene que legislar al respecto.
No son tanto ajustes a la Constitución, sino artículos como los que refieren al gobierno municipal y principalmente las leyes secundarias que son las que definen la operación cotidiana del gobierno indígena.
“Hay como 10 leyes secundarias que hay que modificar, y no son grandes reformas, sino incluir ciertos apartados, leyes como la de fiscalización, la municipal”, que garantizaría que estas comunidades puedan no sólo ejercer bajo sus esquemas los recursos públicos que reciben, sino también transparentarlos y rendir cuentas bajo esquemas adecuados.
Explicó que Cherán es el listón de un ahora y un antes; en materia legislativa Michoacán no se había armonizado desde la legislación del 2001 que se le mandató lo hiciera, y aún después de ello, hace 8 años, tampoco se ha entrado al tema; aun cuando Michoacán se ha convertido en punta de lanza del tema.
“También es necesaria una armonización legal para bien para todos, para que los gobiernos comunales funcionen bien, como para que se les exija cuentas bien”, remarcó.
Indicó que los derechos humamos “no pueden ir para atrás”, por lo que se debería de ver con una armonización legislativa, ya los tribunales lo han dicho, agregó Orlando Aragón Andrade.
