Jorge Luis Hernández[1]
En estos tiempos políticos, de pretendida transformación, el tema de los organismos autónomos salta de cuánto en cuánto. Se les atacó primero, en boca del presidente, de no servir para nada; después, con el discurso de la austeridad se les etiquetó como derrochadores. Al final, con todo esto, en buena parte de la opinión pública se les piensa como instituciones ilegítimas creadas como cuotas partidistas que cuestan mucho y que no sirven para nada.
Otros tantos creen -aunque no lo dicen en voz alta- con una clara nostalgia autoritaria, que la existencia de organismos autónomos limita al poder de un presidente con espíritu transformador que, por derecho democrático de 30 millones de votos, tiene derecho a hacer y deshacer a su antojo, pues los votantes no han dudado de sus buenas intenciones.
Y ciertamente, a lo largo de este primer año, ha quedado claro que la administración del presidente López Obrador se siente incómoda con la configuración institucional actual de las autonomías y, especialmente, con los personajes que la integran.
La situación no es extraña en un régimen democrático, pues está claro que, en materia de designaciones públicas, es decir de nombramientos de tipo especializado en el que participan los poderes tradicionales del Estado, cada uno de los actores (partidos, presidentes) busca escoger a los perfiles más cercanos a sus preferencias.
El diseño del juego de designación parte entonces del supuesto de que cada uno de los participantes tendrá una preferencia inicial, pero, en imposibilidad de imponerla (porque suelen exigir mayorías calificadas y requisitos mínimos de elegibilidad de los perfiles) buscará negociar con otros actores y acabará votando por perfiles menos identificados con uno u otro de los actores.
Lo que no prevé el mecanismo es que los partidos utilicen el sistema para imponer sus preferencias sin atender al resto de los actores o, por el contrario, colonizar los espacios y repartirlos a placer (sistema de cuotas).
Por eso, hace falta un elemento en la ecuación que denuncie el sistema de cuotas y presione a los Legisladores que designan para desempeñar esta tarea según los principios de máxima transparencia y un proceso hondo para conocer a los perfiles propuestos y sus proyectos institucionales. Ese elemento es la participación ciudadana, pues son los ciudadanos quienes, en el peor de los casos, puedan denunciar fraudes a la ley o la incompetencia de los perfiles.
Por eso, el trabajo de colectivos como #DesignacionesPúblicas es, ahora, más importante que nunca. Porque urge que los procesos de designaciones públicas sean socialmente discutidos y enriquecidos por todos, favoreciendo instituciones más fuertes, legítimas y cercanas a la comunidad.
Ahora mismo, en Michoacán estamos en medio del proceso por el que el Congreso del Estado de Michoacán elegirá a la persona que encabezará la Comisión Estatal de Derechos Humanos por los próximos cuatro años. Ojalá que más ciudadanos y organizaciones participemos en este proceso, publicitemos las deliberaciones y esclarezcamos la importancia de contar con una ombudsperson que cuente con las capacidades y el proyecto sólido que la crisis de DDHH en la entidad demanda.
Hago votos porque el Congreso entienda que una #CEDHAutónoma es condición necesaria para el fortalecimiento de nuestra sociedad, ojalá que los partidos y sus legisladores entiendan que se pueden hacer designaciones sin cuotas ni cuotas.
Al tiempo.
[1] Consultor político. Politólogo. @HernandezJorge
