Raúl López Téllez
El rechazo y el desconocimiento a una presunta votación minoritaria a favor de reformar el Régimen de Pensiones y Jubilaciones en la Universidad Michoacana, basada en datos que “no son reales ni confiables”, manifestaron académicos y jubilados del Sindicato de Profesores (SPUM), quienes reiteraron que el reconocimiento legal a la actual dirigencia se encuentra en duda por y por lo tanto sus determinaciones carecerían de validez.
En una rueda de prensa donde leyeron un manifiesto dirigido al gobernador Silvano Aureoles Conejo y al rector Raúl Cárdenas Navarro, además de a la comunidad universitaria y la sociedad, integrantes del “Movimiento en Defensa de la Legalidad, la Democracia y la Transparencia en el SPUM” rechazaron conceder validez alguna a la determinación de que sólo un 24.13 por ciento de los agremiados habrían votado a favor de la reforma que plantea la Rectoría y que la federación impone como condición para otorgar recursos extraordinarios a la institución.
Tras considerarla una “falsa noticia” y como tal, señalaron, difundida por los medios de comunicación, indicaron que “ni uno sólo de los agremiados al SPUM aceptó la reforma” en el Consejo General realizado el pasado lunes 16 de diciembre. La versión del Comité Ejecutivo General (CEG) acerca de que se había aprobado la misma, es “falsa y tendenciosa”.
Los docentes indicaron con un gráfico que en la reunión sólo habrían votado 791 a favor de la propuesta del rector, lo que representa un 24.13 por ciento, 304 no la aceptaron (9.27%), y se abstuvieron 56 (1.71%), por lo que un 64.89 por ciento de los agremiados no participaron, es decir, 2 mil 127 sindicalizados no asistieron, de un total de 3 mil 278 afiliados al SPUM, por lo que sólo habrían participado el 35.11%. Al plantear que los catedráticos aceptaron cambiar el Régimen, “es evidente que la dirigencia pidió números, no opiniones (…) cuando la mayoría de los afiliados decidió no participar en la asamblea” y por tanto no se conoce el sentido de su postura.
Respecto a la consulta desarrollada previamente como un acuerdo del CEG y la Rectoría, y en donde adujeron se dieron ofrecimientos de regularizar interinatos o bien la plaza definitiva, como consta en algunas actas y de las que entregaron copias a los medios, señalaron que se ignoró a siete de las 44 secciones sindicales, “porque sus actas no iban acordes a lo que quería el secretario general”, en alusión a Jorge Luis Ávila Rojas, quien incluso, señalan en el documento, realizó llamadas telefónicas “hacia líderes seccionales para que llevaran al Consejo General números, no opiniones”.
En reclamo a los dirigentes del SPUM, señalan que “es vergonzoso que no sepan hacer un sondeo de opinión y se precien de ser profesores universitarios. El procedimiento metodológico para recabar las opiniones estuvo errado desde su origen. Sabe el Rector que así no se recaban opiniones, para eso existen encuestas con metodologías precisas y márgenes de error acotados que nos permiten construir los datos. Es perverso suponer que el procedimiento equivocado que siguieron se quera presentar ahora como una votación que defina un cambio en el CCT”, indican en el documento.
Tras señalar que “no es lo mismo opinar que votar”, señalaron que lo realizado por el CEG, “se hizo al vapor, sin ninguna metodología. Ningún dato presentado hasta este momento es fiable. No es lo mismo opinar que votar, (…), hacemos ciencia no quiromancia”.
Como movimiento, señalaron, consideran “un deber ineludible defender el derecho a la jubilación y a la pensión, como el bien sindical más preciado de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, que además es un derecho humano universal y forma parte de los derechos laborales y de seguridad social constitucionalmente irrenunciables”.
Cuestionados sobre si acudirían a otras instancias más allá de los llamados al Ejecutivo estatal y al rector, insistieron en apelar a la legalidad y al cuestionamiento jurídico que enfrenta la actual dirigencia, “impugnada la toma de nota mediante un amparo concedido por un juez federal y una demanda en curso del orden laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. También mediante un amparo ante la segunda Toma de Nota del Comité Ejecutivo ilegal, misma que fue admitida”, por lo que sus determinaciones estarían en duda.
