Por Patricia Padrón
Revisemos de forma orbital el tema, más allá del esquema a implementar para la atención médica de la población, la ejecución de la nueva estrategia de los servicios en el país a través del controversial Instituto de la Salud para el Bienestar (INSABI), dejó a millones de mexicanos desprotegidos, toda vez que –por ejemplo–, en Michoacán se atendían a 2.3 millones de afiliados al Seguro Popular, con el mismo presupuesto federal que ahora se pretende, alcance para 3.1 millones de personas.
Los mismos 2 mil 700 millones de pesos de presupuesto federal condena a la población usuaria a tener menos oportunidad de recibir sus tratamientos, porque, aunque se jale la colcha, a alguien se le van a descobijar los pies.
Aunque invariablemente el cambio genera caos, al tratarse de la vida y bienestar de las personas, el Gobierno Federal, emanado de Morena, debió tener más pericia al tomar la decisión de re-centralizar los servicios de salud, en 1985 los servicios de salud se descentralizaron a las entidades federativas, con el objetivo de determinar la atención idónea para cada región.
¿Qué quiero decir con lo anterior?, que cada estado tiene particularidades, Michoacán, por ejemplo, por ser zona endémica, tiene una mayor exposición al mosco transmisor del zika, dengue y chinkungunya, el Aedes aegypti, mismo que fue contenido con éxito, aún y cuando cerró con una incidencia de 26.24 en número de casos de dengue en 2019, quedó muy por debajo de estados, incluso vecinos, como Jalisco quien encabeza la tabla con un 141.60 de incidencia.
Y ese es solo un botón, no se puede medir con la misma vara a todos, mucho menos salir el primero de enero a decir que todo es gratis, generar expectativas y demandas de servicios que, al no poderse cubrir, tendrán que referirse a unidades fuera del estado.
El término “progresivo”, en la reforma del Artículo 77 bis 1 a la Ley General de Salud, permite a las unidades médicas a no obligarse ni ser obligados a otorgar servicios para los cuales no se cuenta la capacidad instalada, no por malos manejos, sino porque no hay sumas y restas que permitan hacer más con lo mismo, ni que decir en tratamientos para enfermedades de alto costo.
Además del desabasto de medicamentos que se registran en el país y las consecuencias que esto pueda traer a la salud de los mexicanos, la improvisación para otorgar el derecho de gratuidad, está vulnerando el derecho universal a la salud, ojalá que con la rifa del avión presidencial se obtengan los recursos para atender a los 800 mil michoacanos que ahora se atenderán en los Servicios de Salud de Michoacán.
