América Juárez Navarro
Morelia, Mich., Los integrantes de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los ayuntamientos y organismos autónomos, deberán incluir dentro de las plataformas establecidas por el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), evolución patrimonial, funcionarios públicos sancionados, servidores públicos y particulares sancionados relacionados en temas de contrataciones.
De acuerdo con la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Elvia Higuera Pérez, se van a implementar estas tres plataformas este año por parte de la Secretaria Ejecutiva del Comité Ciudadano del SEA, la primera es una concentración de los datos que han sido sancionados por vía penal o administrativa por un hecho vinculado con corrupción.
La segunda, nombres de funcionarios involucrados en contratación de obra pública. Va a permitir identifica cuáles funcionarios están involucrados en contratación, licitación y adjudicación de obras para poder guiar las investigaciones de obra pública con más facilidad.
La tercera tiene que ver con evolución patrimonial. “No es el sistema que está funcionando a nivel nacional, sino un sistema que va a permitir identificar cómo va evolucionando el patrimonio de los funcionarios públicos”, indicó al referir que por cuestión presupuestal sólo tres estarán en marcha, aunque deberían ser seis y estarán conectados a la plataforma a nivel nacional.
Si bien, refirió que existe ya un padrón de proveedores en el estado, pero no es muy fácil poder no recurrir a el, pues al momento que se emite la convocatoria para contratar obra pública, puedes poner qué requisitos ocupan para adjudicar la obra y hemos identificado que muchas convocatorias van dirigidas a modo y dirigidas a determinados empresarios.
“Las convocatorias cumplen con la legalidad, con requisitos de fondo y de forma, sin embargo al momento de la adjudicación de la obra se pervierte el proceso porque pareciera que sí cumplen con los requisitos, pero cuando está el momento de la adjudicación es cuando el gobierno o el municipio justifican, por qué ninguno de los que contendieron cumplieron con los requisitos y entonces adjudican a una tercera empresa y es cuando vemos que se pervierte el proceso”, señaló.
Mencionó que las plataformas son obligatorias, sin embargo, existe una laguna en la ley, que no se establece una sanción para el municipio o el poder del estado que no suba la información. “Son plataformas vinculadas la transparencia, el acceso a la información. Apelamos que los tres poderes y los municipios dimensionen la importancia de poder contar con esta información”, concluyó, al referir que la idea es que pueda estar funcionando en el primer trimestre del 2020.
Sujetos Obligados deben transparentar su “evolución patrimonial” y funcionarios sancionados: CPC
