Tras 10 años de guerra contra el crimen, el balance resulta bastante negativo, a pesar de que después de la mitad de su mandato quiso reducir el tono bélico del discurso, el expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, no insinuó una lucha por la seguridad de los mexicanos y lo mal interpretaron quienes le atribuyeron una guerra contra el narcotráfico, interpretó el periodista José Reveles, al hacer un balance de la década de lucha armada contra la delincuencia.
El día 11 de diciembre de 2006, Felipe Calderón instruyó directamente la Operación Conjunta Michoacán, que dio inicio a su ofensiva contra el crimen organizado. Para julio de 2007, en el marco del evento Limpiemos México efectuado en Monterrey, sostenía lo siguiente: “Es por ello, que desde los primeros días de mi gobierno, dimos inicio a una guerra frontal contra la delincuencia y contra el crimen organizado, una guerra que sigue una estrategia integral y de largo plazo.
“Sabemos de la amenaza que representa la peligrosidad de nuestros adversarios y sabemos del enorme daño que le ha causado al país; sabemos que será una guerra de largo plazo, que no será fácil ni rápido ganarla, que tomará tiempo, que tomará recursos económicos, vidas humanas, pero es una guerra que vamos a ganar con el apoyo de la sociedad”.
Fue durante la segunda jornada de actividades de la operación en Michoacán cuando se dio la primera baja civil, en el municipio de Coalcomán; se trató de José Alan Montoya Camacho de 33 años de edad, quien se dijo participó en la confrontación con elementos del Ejército, en un plantío de marihuana.
De ahí hasta la fecha, se acumulan unas 90 mil muertes vinculadas a la delincuencia organizada, esto a decir de la parte oficial. Pero las organizaciones civiles hablan de muchísimas más.
Y es que pese a la alusión triunfalista de Margarita Zavala acerca de que el Ejército debe regresar victorioso a los cuarteles, parece haber poco que celebrar en los números: menos de cuatro mil muertes derivadas de la confrontación con Fuerzas Armadas, 338 muertes de soldados y marinos desde el 2006, y el resto, vamos a escuchar.
José Reveles, periodista y especialista en derechos humanos, señaló: “El Centro Pro antier estaba mencionado 200 mil muertos con violencia en diez años. No son daños colaterales, como le llamaba Felipe Calderón, estamos hablando de víctimas directas de una violencia que desgraciadamente coincide incluso con la llegada del Ejército a ciertos lugares.
“Por ejemplo, en Ciudad Juárez, en a principios del 2008, llegaron las tropas y a partir de ahí se disparó el número de homicidios dolosos”.
El periodista con especialidad en derechos humanos y seguridad nacional, José Reveles, dice que si nos atenemos a los resultados de esta guerra declarada, la misma ha fracasado, porque ni se acabó con el tráfico de drogas, ni se puso fin a la inseguridad y se incrementaron los vacíos de poder, espacios donde domina la delincuencia organizada.
Casos como el de Tlatlaya, donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció que el Ejército ejecutó a entre 12 y 15 personas ya desarmadas, han dado pie a cuestionamientos constantes por la intervención de militares en tareas de Seguridad Pública.
En abril del 2010, murieron en Tamaulipas dos pequeños de nueve y cinco años de edad cuando el vehículo de su familia recibió la ráfaga de armas largas y hasta granadas de elementos castrenses, en un retén de Matamoros.
También se recuerda el caso de dos menores acribillados por balas de soldados, en Aquila, Michoacán: Heriberto Reyes de apenas 12 años, y la niña Nataly Pineda de seis.
Una larga lista de casos similares siguió acumulándose.
El periodista José Reveles, agregó: “Uno de los pocos que denunció oportunamente en el 2007 cómo se estaba haciendo mal, esta supuesta guerra, fue el comisario de la Policía Federal, Javier Herrera Valles. Le escribió cartas a Calderón y terminó siendo metido a prisión.
“Puede ser que se pacifique un poco mientras están las tropas, pero en cuanto se van, se retoma la violencia, incluso con más energía.
“No sólo el Ejército, la Marina y los policías federales han estado en más de la mitad de los estados de la República Mexicana en estos diez años; operan como un ejército de invasión dentro de nuestro propio territorio”.
La estrategia, por llamarlo de alguna forma, que inició la segunda presidencia panista del país y que continuó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se basa en la ofensiva militar, confrontación en las calles, enfrentamientos coyunturales.
Dice José Reveles que se apostó al paradigma punitivo, en vez de considerar el realizar labores efectivas de inteligencia, investigación y una verdadera desarticulación de su estructura económica.
Además de nuestra juventud vulnerada, están otros sectores afectados, por ejemplo, esas 160 mil personas hasta 2014 que huyeron de sus estados por la violencia, a decir del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno.
Peor suerte sufren los inmigrantes centroamericanos, que según estimaciones de líderes de esta comunidad, serían unos diez mil los que han desaparecido en territorio mexicano en la última década al intentar llegar a los Estados Unidos.
Y uno de los mayores riesgos, a decir del especialista de seguridad José Reveles, es continuar por el mismo sendero, sea con la exprimera dama, o quien llegue a la presidencia en 2018, cuando ahora y pese a que el propio secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, reconoció el error de entrar de lleno en el combate contra el narcotráfico, bueno, pues se pretende regular la actuación del Ejército en las calles.
El especialista en derechos humanos, destacó: “No le están dando al Ejército un marco jurídico o no le están dando protocolos de actuación. Lo que le están dando es más facultades para que pueda ser absolutamente todo lo que quiera hacer, o sea, hablando de derechos humanos, sin que haya sanciones.
“O sea, tiene permiso, vamos a decir, para hacer lo que ya se estaba haciendo ilegalmente, ahora hacerlo de manera formal”.
A la espera de lo que defina el Senado de la República, respecto a una ley de seguridad interior, poco parece importar el señalamiento derivado del informe de la organización de Human Rights Watch, respecto a la violación reiterada de derechos humanos por fuerzas de seguridad.
Tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que suman, desde el 2006, al menos 25 mil personas en todo el país.
Esto es parte del balance que se da a diez años de que iniciara esta estrategia contra la seguridad, que inició con este llamado a la guerra contra el narcotráfico.
Periodista hace balance de los diez años de la guerra contra el narco
