Por: Oscar Guerrero / Metapolítica
El pago de los pendientes económicos que el gobierno de Silvano Aureoles Conejo arrastra por el programa “A Toda Máquina” es aún incierto y la liberación de los poco más de 60 millones de pesos que se adeudan a proveedores, presenta “pocos avances”.
Fue el secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario en Michoacán, Rubén Medina Niño, quien dio a conocer la información antes expuesta al momento de reconocer que aún no existen garantías de que el millonario pendiente que acompaña a la administración silvanista, vaya a ser liquidado a la brevedad.
“Es un tema que está revisando la Secretaría de Finanzas para ver disponibilidad de recursos y poder cubrir los adeudos que se tienen pendientes. Ha sido poco el avance en ese sentido, pero es un tema que tiene en sus manos la Secretaría de Finanzas”, declaró.
De acuerdo con sus declaraciones, el funcionario estatal remarcó que la responsabilidad del adeudo se mantiene en cancha de la Secretaría de Finanzas y Administración, dependencia que carga con diversos pendientes de cara al cierre del presente ejercicio fiscal, entre ellos casi 700 millones de pesos que no han sido liberados para el pago de nómina y prestaciones en el sector educativo.
Ante este escenario, el secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario reconoció que las afectaciones por los pendientes acumulados en el programa “A Toda Máquina” han impactado en la certidumbre financiera de cuando menos 15 empresas, así como en la estabilidad de unos 250 productores agrícolas del estado.
Como recordatorio a nuestros lectores, es importante mencionar que en julio de 2016 Silvano Aureoles presumió, junto con el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, el arranque del programa A Toda Máquina, mediante el cual se “entregaron” 600 tractores a un mismo número de beneficiarios, lo que tuvo una inversión superior a los 300 millones de pesos por parte de los gobiernos estatal y federal.
Hoy, a más de cuatro años de que esto sucediera, unos 50 concesionarios, que facilitaron la maquinaria, así como más de 400 campesinos, denuncian fraude y desvío de recursos en el programa, lo cual se rechaza por parte de la administración estatal; sin embargo, se reconoce un pendiente superior a los 60 millones de pesos.
