Redacción
Morelia, Michoacán.- El gobierno de Silvano Aureoles ha echado mano de un crédito bancario superior a los 2 mil millones de pesos sin que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera si es legal la contratación de nueva deuda pública en Michoacán, y ahora busca que el Congreso del Estado “blanquee” ese dinero con una reforma que haga válido lo ilegal, advirtió Alfredo Ramírez Bedolla.
Lo que Silvano Aureoles está pidiendo a los diputados es lo que en el argot penal se conoce como “blanqueo de dinero”, afirmó Ramírez Bedolla y consideró que sería muy grave que los diputados de la LXXIV Legislatura se presten a modificar la ley para darle validez a la contratación ilegal de nueva deuda pública.
El legislador de Morena se refiere a la iniciativa que ayer hizo llegar Gobierno del Estado al Congreso para reformar la Ley de Ingresos 2020, y volver a someter a aprobación de los diputados una deuda que, a decir del propio Ejecutivo, ya comenzó a ejercerse desde julio pasado, cuando Banorte transfirió a la administración estatal 2 mil 45 millones de pesos.
Alfredo Ramírez recordó que la deuda pública fue autorizada por el Congreso del Estado en diciembre pasado, pero los legisladores de Morena impugnaron esa decisión ante la SCJN porque no fue aprobada con el voto a favor de las dos terceras partes de los legisladores, como lo estipula la Constitución; “ahora quieren repetir el proceso y alcanzar la votación de dos tercios de los legisladores”.
Es preocupante también que Gobierno del Estado, en su exposición de motivos, dice que ya echó mano de más de 2 mil millones de pesos de la deuda, y que ya se encuentra en curso la inversión productiva; sin embargo, no conocemos ni vemos los proyectos en los que supuestamente se está ejerciendo ese recurso, abundó Ramírez Bedolla.
La Mesa Directiva del Congreso del Estado convocó a sesión extraordinaria este jueves, con el propósito de abordar la reforma propuesta por el Gobernador como único punto en el orden del día.
Alfredo Ramírez dijo que los diputados deben actuar con extrema prudencia y en apego a la legalidad, valorando también que la administración estatal no está ejerciendo los recursos de forma transparente y que tiene a las finanzas estatales en una profunda crisis, a pesar de que este 2020 han recibido recursos extraordinarios como en ningún otro año.
