Texto: Oscar Guerrero/Metapolítica
Fotos: Armando Solís
Morelia, Michoacán.- A casi cuatro años, Tere sigue reclamando justicia para su sobrino Gustavo, un joven de apenas 17 años que fue víctima de las ejecuciones extrajudiciales registradas en la comunidad de Arantepacua el pasado 5 de abril de 2017, fecha en que se escribió una de las páginas más oscuras en la historia de esta demarcación indígena.
Con la voz entrecortada, Tere le describió a Metapolítica lo que se vivió el 5 de abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua, demarcación que de ser escenario de conflictos agrarios con la comunidad de Capácuaro, “se convirtió en un campo de guerra, donde la policía no sólo nos dio la espalda, nos disparó, nos torturó… nos asesinó”.
“Era un día normal, yo iba al mercado con mis hijos, estaban pequeños, uno de 7 años y uno de 9 años, cuando de pronto se escucharon campanas en el templo para avisarnos que venía la policía, nadie sintió miedo, continuamos con nuestro día de manera normal, nadie se imaginaba que la policía entraría a masacrarnos”.
“Se convirtió en un campo de guerra, donde la policía no sólo nos dio la espalda, nos disparó, nos torturó… nos asesinó”.
A eso de las 13:30 horas, Tere reseñó que se comenzaron a escuchar disparos a lo lejos, “pero no eran armas comunes, se escuchaban disparos de armas pesadas. Después de eso, todos comenzamos a correr a refugiarnos”.
De la mano de sus dos hijos, Tere corrió a su domicilio, donde más tarde se encontraría con su esposo para resguardarse de la ola de violencia que Arantepacua vivió durante la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública en el permanente conflicto agrario que existe entre esta esta demarcación y la comunidad de Capácuaro.
“Estábamos escondidos, no queríamos salir, pero nos marcaron familiares que vivían a la entrada del pueblo para advertirnos que se estaban llevando a los hombres, y que estaban golpeando a mujeres y niños”.
Luego de esta advertencia, Tere salió de casa y buscó, sin éxito, salir del pueblo. Ese día, los habitantes de Arantepacua estaban acorralados, según externó en entrevista.
“Cuando íbamos corriendo por el monte veíamos a la policía disparar contra personas de la tercera edad, niños y mujeres, no había piedad; nadie entendía por qué estábamos viviendo eso. El miedo no nos permitía sentir rencor, sólo corríamos buscando refugiarnos”.
Tere volvió a casa, fracasó en su intento de salir de la comunidad. Al llegar, recibió una amarga noticia: su sobrino, de apenas 17 años de edad, “fue uno de los caídos”.
“Cuando llegamos a la casa mi suegra me marcó para decirme que Gustavo estaba tirado, herido de bala en la entrada del pueblo. En ese momento se nos fue el miedo, fuimos con mi esposo al lugar para comprobar lo que me estaban diciendo. Era cierto, ahí estaba, todo golpeado de su cara, de sus manos, de sus brazos… con dos tiros en la cabeza”.
La policía se avecinaba y, junto con su esposo, cargaron el cuerpo sin vida de Gustavo. “No podíamos dejarlo ahí, lo envolvimos en cobijas y nos lo llevamos para darle santa sepultura”.
Antes del entierro de Gustavo, el cuerpo fue sometido a autopsia, y se comprobó que la víctima fue ejecutada por impacto de bala, confirmó Tere.
“La autopsia la hicieron en la clínica del pueblo, nunca vino un perito, y entonces decidimos enterrar a Gustavo, para que descansara”.
Al paso de unos días, arribó personal del Servicio Médico Forense para realizar las diligencias correspondientes, “pero respetamos el descanso de mi sobrino, aquí, conforme a nuestros usos y costumbres, no desenterramos a los muertos, los dejamos descansar. No tenía sentido, ellos saben lo que hicieron, ellos, los policías, son los responsables.
“No queremos que se nos siga engañando, ya lo dijo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), fueron cuatro ejecuciones ilegales las que se cometieron ese día en Arantepacua, aunque es poco, porque muchas embarazadas perdieron a sus bebés por los golpes que recibieron de los policías”.
Tal y como lo externó Tere, en los hechos citados la CNDH acreditó la violación al derecho humano a la vida en agravio de cuatro personas fallecidas; el derecho a la integridad personal de 37 personas lesionadas, incluyendo 8 policías estatales, y la vulneración del derecho humano a la libertad de comuneros de Arantepacua.
La institución también detectó casos de tortura en agravio de 10 personas detenidas; tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos sobre 38 personas, y el allanamiento ilegal de 56 viviendas de la comunidad, a manos de cuando menos 800 efectivos de la Policía Michoacán que entraron a la comunidad.
Hoy, a casi cuatro años de que Arantepacua pasara a formar parte del registro de casos que sigue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sus habitantes exigen justicia a las autoridades, así como castigo a los elementos de seguridad que tuvieron participación en el operativo.
