América Juárez Navarro
Morelia, Michoacán.- Tras las declaraciones del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, en relación a que está “demostrado que en la comunidad [de Arantepacua] hay refugios de grupos delincuenciales”, habitantes de esta localidad y el Colectivo Liquidámbar solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos medidas cautelares con el fin de que el mandatario estatal se abstenga de seguir criminalizando a la autoridad comunal.
En un su transmisión vía redes sociales desde su localidad, realizada este martes, los habitantes acordaron expulsar de su comunidad a los partidos políticos y no permitir la instalación de casillas. Con ello se suman a la comunidad de Ocumicho en Charapan.
“Solicitamos a la CNDH medidas cautelares en favor de la comunidad de Arantepacua, a efecto de que Silvano Aureoles Conejo se abstenga de continuar criminalizándola. Reiteramos la solicitud de que la FGR ejerza la facultad de atracción del caso; así como la petición de que la CEAV repare el daño de manera pronta y expedita”, indicaron.
Aprovecharon para hacer un llamado a la solidaridad de las causas y luchas sociales, al asegurar que el Gobierno del estado de Michoacán reafirma su política de “mano dura” y violación de derechos humanos en contra de víctimas, comunidades indígenas, magisterio, normalistas, estudiantes y pueblo de Michoacán.
Expresaron que respecto a la obligación legal que tiene el gobernador de Michoacán de contestar la Recomendación 42VG/2020 que le dirige la CNDH, el día 25 de enero de 2021, en conferencia de prensa, Silvano Aureoles Conejo manifestó:
“Está demostrado que en la comunidad [de Arantepacua] hay refugios de grupos delincuenciales”, y “esta idea que traen de que debe haber una disculpa pública tiene que estar muy bien sustentada, porque si no es aceptar tácitamente que el responsable de todo fue la corporación” o que está teniendo más un manejo político electoral y partidista”.
Ante ello, el Consejo Comunal Indígena, la Comisión de Justicia, sobrevivientes y familiares de víctimas de Arantepacua e integrantes del Colectivo Liquidámbar expresaron que con estas declaraciones Silvano Aureoles Conejo intenta evadir su responsabilidad en las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por su gobierno en contra de la Comunidad de Arantepacua.
Pese a que está realmente está demostrado (después de 3 años y 8 meses de investigación de la CNDH) es la responsabilidad del gobierno del estado de Michoacán en 4 ejecuciones extrajudiciales, 10 casos de tortura, 38 casos de tratos crueles, 48 detenciones arbitrarias, entre otras graves violaciones a derechos humanos.
Pero también, sostuvieron que Silvano Aureoles Conejo criminalizó a la comunidad de Arantepacua (tal como concluye la Recomendación de mérito), pretende negar que haya criminalizado a la comunidad mientras la criminaliza nuevamente.
Y agregaron que la disculpa pública no es una “idea” sino un derecho de las víctimas y que la investigación de la CNDH concluyó la responsabilidad explícita (no tácita) de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía General del Estado y del propio Gobernador en las graves violaciones a derechos humanos.
