Héctor Tapia / Metapolítica
Hace apenas semana y media se realizó la jornada electoral, considerada la más grande de la historia del país, y aunque todavía se desahogan algunos aspectos relativo a este proceso electoral, ya empezaron los preparativos para la consulta popular que se llevará a cabo el 1 de agosto, por medio de la cual se preguntará a la ciudadanía si están o no de acuerdo en que se enjuicien a los expresidentes de México.
Las condiciones son diametralmente distintas a las del proceso electoral, fundamentalmente por la falta de presupuesto para realizarla conforme se proyectó en el alcance desde finales del año pasado.
Por ello, las mesas receptoras que se instalarán serán menos que la cantidad de casillas que se instalan para una jornada electoral normal, y no se instalarán consejos distritales, sino que quienes serán los que acompañarán la realización, serán las Juntas Distritales a través de mesas concentradoras donde se recibirán las papeletas de la consulta popular.
De acuerdo con David Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo del INE en Michoacán, los trabajos preparativos para la consulta comenzaron al día siguiente de la jornada electoral del 6 de junio con la apertura de los módulos de consulta del Instituto, para que quienes quieran actualizar su credencial, lo puedan realizar hasta el 7 de julio. Además, quienes cumplan su mayoría de edad hasta el 1 de agosto, también puedan recibir de manera anticipada su credencial para que participen en este proceso de consulta popular.
Para que sea vinculante una consulta de este tipo, explicó, se requiere del 40% del listado nominal, si no se alcanza, esta no tendría efectos.
Adelantó que para el viernes 12 de junio, las juntas distritales aprobarán las mesas receptoras para esta consulta, que en la práctica son las casillas electorales, aunque no tendrían necesariamente la misma lógica, porque “tenemos un dilema”, indicó.
“Por un lado se tienen que garantizar las condiciones para que la gente pueda opinar, ir a manifestar su opinión en la consulta, porque hay una disposición legal que debe ser muy cuidada, que es que para que tenga efectos vinculantes, la consulta popular deberá manifestarse el 40% de la lista nominal, tememos que garantizar que haya papeletas para cada uno de los ciudadanos con credencial para votar”, explicó.
Es decir, en Michoacán tendrán que imprimirse 3 millones 574 mil papeletas para los michoacanos y michoacanas que están en el listado, más los ajustes que puedan darse en este mes que estarán haciendo actualización desde los módulos.
Por otro lado, dijo, también el INE “tiene que hacer malabares, porque cuando solicitó el presupuesto de egresos desde el año pasado”, en agosto como se contempla en la misma Ley para la solicitud del presupuesto, no estaba contemplada todavía la consulta popular, la cual se planteó oficialmente hasta septiembre.
Esto derivó en que el INE no contó desde el origen con un presupuesto para la realización de esta consulta popular, y a pesar de que se solicitó a la Cámara de Diputados vía alcance presupuestal, no se dio. Posteriormente se hizo el planteamiento al mismo Ejecutivo federal quien, vía Hacienda, argumentó que no era posible porque “había otras prioridades”. En función de esto se solicitó a la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) una opinión al respecto, quien dijo que “al INE le dieron de más” con el presupuesto que ya tenía, descartando con ello una ampliación presupuestal.
Esta respuesta que dio la SCJN, explicó David Alejandro Delgado Arroyo, “es lamentable, lo digo de manera seria”, porque no se observó que gran parte del presupuesto que se opera vía INE es destinado a prerrogativas de los partidos políticos, lo que reflejó, dijo, ignorancia de la misma Corte sobre este tema.
Por ello, y bajo estas circunstancias, es que la consulta popular se tiene que hacer con el menor recurso que se pueda. Ante esto, el INE lo que hizo es que “no habrá papel seguridad para papeletas, ni actas, será simple y sencillamente papel bond, esperemos que no haya una incidencia en este sentido”.
Explicó que se van a ubicar mesas receptoras del voto no en razón de las secciones electorales, con 750 electores, sino que será por unidades territoriales de entre 2 mil y 4 mil electores por mesa receptora; de esta forma “se concentrarán y se eliminarán muchísimas casillas, tampoco habrá casillas extraordinarias ni especiales, quien quiera votar, tendrá que ir al domicilio que señala su credencial para votar”.
David Alejandro Delgado dijo que se tienen proyectadas instalar un poco más de 2 mil mesas receptoras; “en eso estamos trabajando, las vamos a integrar con un presidente, secretario, con un escrutador, y vamos a disponerles urnas, pero será reutilizables, lo que reducirá sustancialmente el costo, y garantizar que el ciudadano pueda ejercer su derecho en esta consulta popular”.
Dijo que al principio se calculaba que, por los trabajos a realizarse que implicaría, se requerirían alrededor de 2 mil millones de pesos, “pero ahora se está proyectando hacerla con 550 millones de pesos”, apuntó.
“Habrá mucho trabajo al 1 de agosto, y vamos a seguir atendiendo los requerimientos que nos haga el tribunal (producto del proceso electoral que aún no concluye). Sí será un poco pesado todavía lo que está por venir”, explicó.
Sobre el tema del proceso electoral, consideró como exitosa la jornada que se vivió. “Muchos quedaron conformes con los resultados, hubo una pluralidad que se expresó en las urnas. Quienes tengan alguna duda, acudirán a los tribunales, y están en su derecho”, indicó.
A nivel nacional, la participación fue del 52%, “la votación más alta en una elección intermedia en este siglo”, apuntó.
En el recuento, recordó que antes de la jornada se dieron de baja 100 casillas electorales, de las cuales, 89 fueron por temas ligados a los pueblos originarios, con su negativa a la instalación de casillas. Nueve casillas más fueron porque eran localidades con menos de 100 electores, y dos casillas más, por aspectos de inseguridad y violencia.
Producto de la jornada se pudo observar además que “el COVID-19 no fue un factor que mermara. El equipo del INE también hizo una capacitación sanitaria a la ciudadanía, esto genera algunos aspectos de lo exitoso que fue la elección de parte de INE”.
“Lo que hemos sabido de encuestas como de observadores, es que se aplaude la labor del INE en la organización de las elecciones, esto nos obliga a no bajar la guardia”, apuntó en entrevista para Metapolítica.
En el proceso electoral, que formalmente concluye en octubre próximo, se está en la etapa de los medios de impugnación, que aunque está mayormente en el área de tribunales, también el INE tiene aspectos que ver con la unidad de Fiscalización, que no sólo abarca a la elección federal, sino también la local.
En lo federal, la mayoría de las impugnaciones son del Partido Encuentro Solidario (PES) y Fuerza por México (FxM), “tratando de buscar un poquito más de votos para alcanzar el registro, es lo que vemos. Me parece que sería algo hasta ocioso estos juicios de inconformidad, porque al menos en Michoacán, las dos terceras partes de las casillas fueron reportadas, y la Ley señala que esos datos son firmes”, aunque consideró que ellos están en su derecho de inconformarse y no se les niega ese derecho.
La etapa de fiscalización, detalló, concluye el 23 de julio, cuando habrá dictámenes que el consejo general del INE someterá a aprobación.
También “está pendiente que nuestros vocales distritales acudan a la Cámara de Diputados a entregar los expedientes de las elecciones, y que en la Cámara de Diputados se vayan preparando para dar las acreditaciones a los diputados y diputadas electos y electas”.
