América Juárez Navarro
Morelia, Michoacán.- La creación de la Comisión de Emergencia COVID-19 fue propuesta ante el Pleno del Congreso del Estado, la cual estaría facultada para enfrentar los efectos sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia, los cuales durarán al menos tres años.
En la propuesta presentada por Marco Polo Aguirre Chávez, diputado del PRI, destacó que en materia económica, en el ramo de bienes y servicios redujo sus trabajadores en un 10% a nivel nacional; pero en el ramo hotelero y de alimentos y bebidas, sector de primera línea, por ejemplo, en Morelia, se redujo 17.4% el número de personas contratadas. Mientras que la confianza empresarial para invertir se redujo 13%.
En materia de seguridad, expresó, también se vive con miedo. En Morelia, destacó que el 33.7% de los hogares fueron víctimas de la delincuencia en un año, esto es más de 66 mil viviendas.
Informó que, independientemente del número de comisiones o comités que integren o presidan, la Comisión de Emergencia COVID -19 quedará integrada por siete diputados o diputadas, presidentes de las comisiones de Salud, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Industria, Comercio y Servicios, Trabajo y Previsión Social, encabezada por el Presidente de la Mesa Directiva.
La Comisión de Emergencia COVID-19 deberá realizar las gestiones necesarias para garantizar la aplicación de vacunas contra el coronavirus en Michoacán, o en conjunto con las autoridades estatales, municipales y con la sociedad civil organizada, además de vigilar, dar seguimiento y elaborar informes públicos respecto al sistema logístico y de aplicación de vacunas en Michoacán.
Asimismo, estará en coordinación directa con el sector empresarial, con el Poder Ejecutivo y con los ayuntamientos, a fin de diseñar iniciativas y participar desde el ámbito de atribuciones del Congreso del Estado en proyectos para la atracción de inversiones y la creación de empleos en Michoacán, ante la crisis generada por el COVID-19.
Además, mantendrá coordinación directa con los poderes Ejecutivo y Judicial, los ayuntamientos, así como con la Fiscalía General, con el fin de vigilar y elaborar informes propios con respecto al funcionamiento del sistema de seguridad y administración de justicia durante la emergencia sanitaria.
