Héctor Tapia / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- En lo que va de la presente administración estatal se han resarcido alrededor de mil 100 millones de pesos, y están en vía de 350 a 400 millones de pesos aproximadamente, a partir de una serie de procedimientos que ha impulsado la administración estatal sobre diversas investigaciones de irregularidades que se han llevado hasta las últimas instancias.
Lo anterior fue explicado por Francisco Huergo Maurín, titular de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado, quien refirió que los cerca de 350 millones restantes todavía faltan que se desahoguen algunas partes del proceso a las cuales tienen derecho los imputados, pero que de acuerdo al jurídico será difícil que se reviertan y que sólo es cuestión de tiempo para que tengan firmeza jurídica para que sean resarcidos al erario estatal.
En entrevista explicó que desde 2020 se inició con los preparativos para el proceso de Entrega-Recepción constitucional que se vivirá en cualquier momento, y para ello se tenía que dar toda una planeación, dentro de lo cual se modificó el sistema para realizarlo, llevándolo de un mecanismo documental tradicional a uno completamente digital y con firma electrónica.
“A partir de marzo hemos estado trabajando con las dependencias en su actualización permanente para llegar a septiembre de forma adecuada”, explicó, y en este sentido dio a conocer que se lleva alrededor de un 70% de avance en la sistematización al nuevo formato; y de lo restante hay un 15% que se seguirá actualizando hasta el último día de la administración, que tienen que ver con cuestiones presupuestales al cierre, o con personal de recursos humanos; y el resto tiene que ver con el retraso que provocó en trámites y actualizaciones la irrupción de la pandemia, como para el caso del sector educativo, aspecto que comenzó a atenderse fundamentalmente a partir de inicios de 2021.
Sin embargo, dijo, el pronóstico es que se cerrará el proceso de sistematización con información completa en el sistema práctico y digital, “y ahí podemos tener toda la información de entrega de todo tipo de asuntos”.
“La sistematización permitirá dejar de utilizar tanto papeleo, y documentación de todas las dependencias del gobierno del estado, y será de forma digital”, enfatizó Huergo Maurín. Esta sistematización, detalló, no sólo permite el ahorro sustancial de papelería o energía eléctrica, sino también de recursos humanos y tiempo.
Hasta antes de este nuevo sistema, dijo, en 2018 no se sabía “cuántos trámites había y el estatus de cada uno”, todo ello se llevaba en papel impreso, “había expedientes que no se habían tocado a pesar de que eran sobre temas que estaban en curso”, frente a la prescripción. Sin embargo, reconoció, se desconoce cuántos casos prescribieron por el llamado “recurso de alzada”, es decir, que las autoridades de su momento dejaron de actuar o fueron omisos respecto a dichos procedimientos, quedando posiblemente una serie de actos de corrupción sin sancionar por la omisión e inacción, producto de temas políticos.
Ahora, a partir del nuevo sistema, se sabe con precisión cuántos expedientes se tienen, cuántos son de cada tipo de procedimiento, en qué fase van, cuántos “están en firmeza jurídica, cuántos recursos recuperados”, y además se ha pedido al titular de Finanzas del estado que “embargue y cobre”, y se sabe por tanto cuántos procedimientos también han sido solventados y cuántos no.
“Documento que llega a la puerta, que llega a Oficialía de Partes se escanea (digitaliza), y la dependencia puede contestar a través del sistema, para saber cuáles pueden prescribir y sus plazos”, refirió.
Francisco Huergo Maurín dijo que se entregará una Secretaría de Contraloría “sin un solo expediente prescrito, a pesar de las dificultades que tuvimos”, de que se actualizó todo lo relativo a las auditorías desde 2011 a 2017.
“En la práctica había ‘recursos de alzada’ que era guardar expedientes. ¿Cuántos hubo en distintas épocas? No lo sabría”, refirió.
Sin embargo, apuntó, “desde el 2011 a la fecha rescatamos todo lo que pudimos. Tenemos más de mil 100 millones (de pesos) para cobro y otros 350 o 400 millones de pesos por caer en la firmeza jurídica”, insistió.
La sistematización que se dio incluso ya a nivel de reglamento fue “con la intención de que no vaya a llegar alguien con el ‘recurso de alzada’, de perspectivas políticas” y selectivas para seguir los casos, y se haga de manera transparente.
Explicó también que anteriormente “se sacaban alrededor de 50 o 60 resoluciones por año, ahora estamos sacando entre 60 y 80 por semana”, lo que dejaba ver que el tema de la contraloría era un tema político, de “no moverle”.
“Me voy tranquilo porque pueden revisar lo que quieran y van a encontrar todo en orden”, enfatizó el secretario frente al proceso de cierre que se avecina.
