Por Héctor Tapia

Para como se ve el tema de la Consulta Popular que se vivirá este próximo 1 de agosto sólo servirá para “recordar que el pueblo manda”, y que en él reside el poder, no más. ¿Pero a qué costo?

Más allá del tema económico que costaría la realización de esta Consulta Popular, que no es menor, el costo social y político puede ser muy alto a cambio de que los mexicanos y mexicanas salgan a opinar si quieren o no que “se enjuicie” a los ex presidentes de México.

De entrada la Consulta Popular que se vivirá el próximo 1 de agosto evidencia varios aspectos preocupantes, uno de ellos es que de facto hay un reconocimiento de que las instituciones encargadas de investigar, procurar e impartir justicia no sirven, y que esta consulta les estaría “echando encima” a la población a dichas instituciones, al reconocer su ineficiencia y que “se necesita” que les digan que tienen que hacer, cuando la misma ley lo tiene establecido tanto para la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) y demás instituciones que no han cumplido con su cometido, siguiendo esta perspectiva.

Y, dos, que si dejamos que la justicia sea a partir del descontento social, y no por procesos judiciales pulcros, apegados a la Ley, que generen certeza e imparcialidad, se corre el riesgo de que la impartición justicia se convierta en una cacería de brujas sin elementos ni pruebas contundentes que lleven a fincar responsabilidades. A juzgar a contentillo y sin apego a la ley.

Hay que apuntar que la ley es perfectible, y puede haber aspectos que reformar, y, además, esta debe ser aplicada de forma imparcial y sin vicios de origen que contaminen un proceso para fincar responsabilidades a quienes han incurrido en hechos presumiblemente ilegales y fuera de la Ley, y aquí también quizá hay mucho que avanzar para depurar a las instituciones y eliminar y reformar no sólo los vacíos legales sino también erradicar las influencias y cálculos políticos en la impartición de justicia. Esa justicia que tanto clama el pueblo mexicano.

Volvamos a la Consulta Popular. Este mecanismo, recién aprobado en el país, y que vivirá su primera experiencia el primer día de agosto, es un mecanismo de democracia directa que permite la intervención directa de los ciudadanos en los asuntos públicos donde pueden expresar su aprobación o negativa sobre un asunto particular sometido a consideración en la consulta.

De entrada la necesidad de un mecanismo como este no parece cuestionable, porque sí es necesario que se consulte a la población sobre los aspectos de interés público que les afecta de manera cotidiana o les podría afectar.

El cuestionamiento es respecto al centro de la Consulta Popular especifica planteada y promovida por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, una consulta que visto desde el punto de vista institucional es innecesaria y ociosa, partiendo del hecho de que las instancias investigadoras, procuradoras e impartidoras de justicia deben hacer su trabajo para que realmente se castigue a quienes han actuado fuera de la ley.

Profundicemos en el mecanismo. De acuerdo a la ley, se requiere la participación del 40% del listado nominal para que los resultados de la misma sean vinculantes a alguna determinación y seguimiento oficial; es decir se requieren alrededor de 37 millones de votantes en el país, y si comparamos con los 48.6 millones que votaron en la elección intermedia del 6 de junio pasado, la cifra se antoja sumamente compleja de alcanzar. Para el caso michoacano tendrían que salir a participar en la consulta alrededor de 1 millón 500 mil electores; y se prevé la instalación de 57 mil mesas receptoras en todo el país, de las cuales 2 mil 171 estarán instaladas en Michoacán.

De estos trabajos será el Instituto Nacional Electoral (INE)el que organizará, desarrollará y coordinará los esfuerzos para poder realizar la Consulta Popular, y será quien además validará los resultados obtenidos.

En el origen, la Presidencia de la República se planteó: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante u después de sus respectivas gestiones?”

En respuesta a dicho planteamiento la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definió que dicha pregunta era inquisitoria y que contenía juicios de valor, por lo que se tuvo que reformular la pregunta que es al que aparecerá en la papeleta que estará en las Mesas Receptoras; la reformulación plantea: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

Ante esto ¿hay alguien que diría que no quiere que se garantice la justicia?, claro que no. Pero volvemos al punto de partida: la impartición de justicia debe estar sujeta a una ruta institucional y jurídica bien trazada, blindada de vicios e influencias políticas, y no sujeta a contentillo, o al enojo, aunque sea bien sustentado, de la población.

Sí, los mexicanos y mexicanas quieren y exigen justicia. Pero esta no tendría que darse “por la propia mano”, sino a partir de procesos sólidos e impecables que permitan las sanciones ejemplares que la ley establece, y que sólo serían posible si las instancias jurisdiccionales hicieran su trabajo, mismo que es cuestionado directamente por esta Consulta Popular.

La pregunta que aparecerá en la papeleta en primer momento pareciera que está enfocada en enjuiciar a los expresidentes del país, lo cual sería una simulación porque hay instituciones encargadas deben hacer su trabajo con apego a la Ley, y a los procedimientos establecidos; por tanto es inevitable pensar que lo que se está haciendo es sólo poner en evidencia la ineficiencia de las instituciones procuradoras e impartidoras de justicia, las complicidades políticas por las cuales no se enjuician a quienes han cometido yerros importantes, y las deficiencias legales que sostienen una protección férrea e impune a los expresidentes.

¿La impartición de justicia debe someterse a consulta popular?, a contentillo de una población enardecida?, no. La Ley se debe aplicar, y ya, con imparcialidad, con neutralidad, esto es lo que da certeza sobre las instituciones y las fortalece.

¿Qué garantías habrá, entonces, de qué en un futuro, haya un apego a la Ley en los procesos de impartición de justicia, si sólo se obedece al descontento social y a su percepción, y no a partir de las pruebas que se deben presentar para enjuiciar a alguien?

La Consulta Popular, como mecanismo de participación ciudadana, es fundamental para que la ciudadanía se empodere realmente y forme parte activa en la toma de decisiones; bajo ésta óptica su creación e inclusión en la vida democrática ese es un acierto. Pero para el tema específico que se consultará el 1 de agosto, que de por sí es confusa la pregunta que aparecerá en la papeleta, traerá consigo riesgos importantes para la impartición de justicia.