La situación para las corporaciones policiales del país, en los tres niveles de gobierno, no es alentadora. Actualmente, a un año de la puesta en marcha del nuevo Sistema de Justicia Penal, los uniformados carecen de las herramientas y habilidades necesarias para llevar a cabo su tarea fundamental como los primeros en responder ante un delito. Una de las razones: sólo fueron entrenados, en promedio, cuatro horas para aplicar las nuevas reglas de justicia en el país.
La ciudadanía confía más en las Fuerzas Armadas que en sus policías, la percepción que se tiene de los uniformados es de corrupción y poca capacitación, según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016. La implementación del nuevo esquema penal ha agudizado la crisis de confianza, que sumado a la falta de coordinación, poca profesionalización y ausencia de un salario digno, el riesgo de fracasar se incrementa.
Especialistas y analistas coinciden en que es urgente construir un nuevo paradigma, para dignificar
y profesionalizar la labor del policía en el país.
Aunque tienen el papel de primer respondiente en la operación del sistema de justicia, lo que significa el eslabón más importante para poder construir un caso contra un delincuente, son ahora la pieza más débil de la cadena.
“Los problemas son de equipamiento. No todos los policías tienen lo básico, que son guantes para tocar la evidencia cuando necesite procesarse, las bolsas herméticas para recabar los indicios, e incluso las cintas amarillas para resguardar la zona. No tienen los insumos básicos.
“Lo grave es que no tienen formación. Si bien en teoría se cubrió 100% de las fuerzas policiales, la formación del nuevo sistema procesal penal, en términos cualitativos esta formación incluyó en muchos cuerpos policiacos casos de cuatro horas de entrenamiento, lo cual no sirve para la responsabilidad tan importante que tienen”, aseveró Juan Salgado Ibarra, profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
No obstante, dentro de la cadena que se requiere para que el nuevo sistema penal opere con buenos resultados, los policías no son los únicos responsables, y resulta vital una coordinación muy específica con el Ministerio Público, la cual hoy en día es inexistente o en el mejor de los casos persiste “un problema de interacción”.
“Es una tema de las personas dentro de las instituciones. El hilo se rompe de lo más delgado que es la policía. El fenómeno es una curva de aprendizaje natural del sistema y nos va llevar mucho tiempo como en otros países para empezar a ver resultados. La policía va a acabar aprendiendo como lo ha hecho siempre, pero también necesita hacerlo el Ministerio Público, los jueces de control, los jueces de ejecución, se necesita crear una serie de estructuras y reglamentos que no se han creado y por eso no opera ni funciona como debe”, acusó Bernardo Gómez Del Campo, consultor y maestro en Ciencias Penales y Criminalística.
¿Qué está fallando?
A decir de los especialistas consultados por ejecentral, la falta de planeación, estrategia, la poca consideración a las experiencias previas en los estados donde se implementó la reforma procesal antes que en la federación, así como errónea asignación de los recursos responden los porqués de la situación de las policías.
“Desde 2008 cuando se aprobó la reforma procesal penal, era claro que el papel de la policía era fundamental, y se tenía que voltear a ver a los estados que se reformaron antes. Y no se hizo”, indicó Salgado Ibarra.
En tanto, Bernardo Gómez, quien es especialista en entrenamiento policial, sostuvo que un fenómeno que ha mermado la adecuada capacitación del personal es que históricamente los cientos de millones de dólares destinados para ello, terminan siendo sólo una simulación. En la cual se pretende especializar a quien ni siquiera cuenta con la formación básica.
“Puedes jalar y generar muchos recursos, pero todo esa verticalidad de que se liberan los recursos del gobierno federal hasta que llega al instructor siempre va a haber una rajada del 10, el 15, del 5 o del 3 por ciento para la secretaria, para el director, para el de recursos humanos y acabas con un recurso mínimo, para un curso mínimo, con instructores muy malos, ineficientes y corruptos. Es un fenómeno que no se puede restringir sólo a la capacitación. No esperen cambios significantes llenando de capacitación a las personas cuando tienen la primaria, la secundaria o están trabajando por hambre en un municipio”.
El cambio de paradigma para mejorar las condiciones de los cuerpos policiales parte de la carencia de voluntad política para llevar a cabo las indicaciones tal y como se señala en el marco normativo que los rige. Los expertos consideraron que se ha procurado más una inversión en cuanto al poder de fuego y equipamiento de las corporaciones, que en el trabajo policial.
“¿Por qué en 20 años no hemos logrado dignificar la labor de los policías? No es porque no tengamos una buena ley, no es el marco normativo, tampoco es falta de recursos, si vemos todo lo que se ha gastado en armamento, en tecnología, en equipamiento, y no en el desarrollo humano del policía, ahí es donde está el desequilibrio. Es porque no tenemos voluntad política para llevarlo a cabo. Se ha invertido en la capacidad de fuego pero no en el desarrollo del policía como ser humano y como profesional”, aseveró Salgado Ibarra.
Para el especialista en seguridad y reforma policial, actualmente existe al interior de los cuerpos policiacos un enojo y una desestabilización en su psique y motivación al percibir que ni sus compañeros ni sus mandos son protegidos, y están cayendo en emboscadas y operativos fallidos, donde no se hace nada para protegerlos.
De acuerdo con un seguimiento por este semanario, en lo que va del año se han registrado al menos una decena de situaciones de emboscada contra policías de los tres niveles, donde los efectivos municipales y estatales resultaron los más vulnerables. En Guerrero, Michoacán, estado de México, Chihuahua, Tlaxcala y Sinaloa han sido la mayoría de las embestidas criminales que en los primeros siete meses del año han dejado un saldo de al menos 20 uniformados muertos, 25 heridos y tres desaparecidos.
Con base en la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en el país hay alrededor de 30 mil policías “no confiables” que aún permanecen en funciones.
El 11.80% de los policías municipales, es decir, alrededor de 15 mil 300 uniformados son considerados no confiables por haber reprobado los controles de confianza. Hasta noviembre de 2016 se han evaluado 127 mil 814 mandos y operativos de las Secretarías de Seguridad Pública municipales u homólogas, que corresponden al 98.59% del estado de fuerza en el país.
La problemática respecto al confiable desempeño de un elemento o la carencia de éste va más allá que la aplicación de una prueba que no otorga certeza absoluta, pues se trata de un sistema binario en donde dice si es o no apto, pero no se abunda en cuál es la falla, sostuvo Salgado Ibarra.
Vía Eje Central
