Oscar Guerrero/Metapolítica
Morelia, Michoacán.- El presidente electo de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseguró que si llegase a trascender alguna de las 49 denuncias que se presentaron en contra de su administración por el presunto desvío de 216 millones de pesos en obra pública, existirían sanciones contra los exfuncionarios que formaron parte de su gabinete durante el periodo 2015-2018.
“Si en alguna de esas denuncias hay algo que se haya hecho mal, por supuesto que se tendrá que sancionar”, subrayó en conferencia de prensa.
No obstante, el presidente electo de Morelia aseguró que las denuncias presentadas por la presente administración municipal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) serían producto de un “circo mediático” que, aseguró, se montó para evitar que se consumase su triunfo en la contienda por la alcaldía de la capital michoacana.
Bajo estos argumentos, señaló que el gobierno a cargo de Humberto Arróniz exhibió el presunto desvío de 10 millones de pesos en una obra realizada en Atapaneo; sin embargo, dijo que todo se trató de un “error administrativo” que ya fue justificado ante la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).
“Las denuncias que se pusieron con mucho empeño por la actual administración fue, desde nuestra óptica, siempre un tema político-electoral y mediático”, sostuvo ante cuestionamientos de la prensa.
Aun cuando Alfonso Martínez supo responder por el presunto desvío de 10 millones de pesos en una obra edificada en Atapaneo, en enero del presente año la Contraloría del Ayuntamiento de Morelia informó que fueron presentadas ocho denuncias por presuntos actos de corrupción en contra de la gestión del exalcalde y ahora presidente electo, Alfonso Martínez Alcázar, con lo que se acumularon 49 denuncias que ya están en la cancha de la Fiscalía General del Estado.
Con base en información proporcionada por el titular de la Contraloría Municipal, Norberto Bedolla Rendón, las inconsistencias detectadas en el gobierno del ex presidente capitalino ascienden a cuando menos 216 millones de pesos que no fueron comprobados al momento de realizar diversas obras en la ciudad, entre las que destaca el Parque Lineal del Río Chiquito.
Precisó que las 49 denuncias están motivadas por los delitos de “uso ilícito de atribuciones y facultades en la autorización y pago indebido, realización de obra ilegal, abstención de cumplir con la obligación de administrar y verificar el cumplimiento de un contrato”.
Ante ello, Martínez Alcázar aseguró que las denuncias responderían a un “tema político-electoral”, para luego señalar que, si se llegase a detectar alguna anomalía, coadyuvaría para que se deslinden responsabilidades sobre los exfuncionarios que pudiesen verse involucrados.
