Metapolítica
Ciudad de México.- El Comité Cerezo México solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) correlacionar el espionaje mediante Pegasus, con las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias a defensores de derechos humanos durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
El Comité tiene registrados durante ese periodo a 251 defensores de derechos humanos ejecutados extrajudicialmente, 131 desaparecidos de manera forzada y 4 mil 152 detenidos de forma arbitraria.
“Por el número alto de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias pedimos que se correlacione los teléfonos, las fechas y los defensores para tener un padrón de un ataque generalizado, sistematizado y planificado para eliminarlos”, pidió Francisco Cerezo Contreras, coordinador del Comité Cerezo México.
El activista dijo que desde que detectaron el programa de espionaje, alertaron que la información obtenida de los defensores tenía como fin agredirlos o atacarlos.
En los sexenios 2006-2012 y 2012-2018, las dependencias federales y de gobiernos locales contrataron y usaron este software para espiar a la oposición y no al crimen organizado, según lo indagado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que el exagente de la Procuraduría General (PGR), Tomás Zerón de Lucio, pagó 32 millones de dólares para contratar Pegasus.
“Los perpetradores (del espionaje), es decir, los agentes de Estado, sabían no sólo la información que manejaban las víctimas, sino el lugar y momento preciso para ser víctimas del terror estatal”, aseguró la organización civil.
Y agregó: “Sería interesante saber cuántos de los que fueron infectados con el software Pegasus terminaron en la cárcel”.
Tan sólo en la administración de Peña Nieto, el informe del Comité documentó 184 ejecuciones extrajudiciales –incluyendo la de dos menores de edad– en su mayoría de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz y Chihuahua; es decir, los estados con presencia insurgente como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Al menos una cuarta parte de las víctimas defendían el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, territorio y medioambiente sano.
Aunado a ello, 18 periodistas fueron ejecutados extrajudicialmente no sólo por ejercer el derecho a informar, sino por señalar el contubernio entre el Estado, las empresas y el narcotráfico.
“No se trata del mal uso de una herramienta de espionaje, sino del uso ilegal, consciente y dirigido a eliminar la disidencia social en México”, acusó el Comité Cerezo.
“Sabemos que el responsable es Calderón y sus ‘superpolicías y supermilitares’ que adquirieron dicho software no para espiar a la delincuencia organizada, sino como una herramienta que les permitiera generar el control social mediante el terror”, aseguraron.
Con información de Sin Embargo
