Por David Alejandro Delgado Arroyo
Mucho se cuestiona en estos tiempos a los órganos constitucionales autónomos, particularmente a los electorales y se enfilan las críticas sobre las ficticias autonomías, en una lectura de presuntas relaciones políticas, más que de la precisa mecánica de su funcionamiento.
El problema de analizar el tema desde la óptica de las presuntas relaciones políticas, partiendo del hecho de que las consejerías de los órganos superiores de dirección son nombrados por los partidos políticos, a través de sus legisladores; deriva en que las decisiones o resoluciones no se analizan en sus méritos; sino de los resultados de las relaciones de poder; de manera que siempre quién pierda acusará y quien gané solo callará; sin que se comprenda el fondo.
La autonomía del INE es producto de varias generaciones de reformadores a través de tres décadas, atendiendo a la presión pública, que tiene que ver con que las elecciones no las realice la Secretaria de Gobernación sino una institución profesionalizada, cuyo órgano de dirección ha pasado de ser una confluencia de los poderes del Estado con los partidos políticos, a su ciudadanización, su renovación escalonada y con un periodo que trascienda el periodo sexenal, además de nombrados por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados que requiere necesariamente el consenso entre las fuerzas parlamentarias, así como un procedimiento de nombramiento constitucional con Convocatoria Pública y Comité Técnico de Evaluación.
Se vuelve a cuestionar que los Consejeros del Consejo General son cuotas partidistas, sin comprender todos los candados que a lo largo de 30 años se han construido para fortalecer la autonomía; y que precisamente todos esos candados son los que han permitido que la pluralidad del país se exprese conforme lo decide la ciudadanía, mediante su participación en las urnas, con todo un andamiaje de condiciones de equidad de la competencia.
Las autonomías provienen en México de la lucha por la autonomía universitaria que comenzó desde 1929, en un contexto que tendía a la ideologización producto de los fascismos y los comunismos en boga en el contexto internacional; por ello uno de los rectores de la UNAM, Gómez Morín describió la necesidad de la autonomía de esta manera: “El Trabajo Universitario no puede ser concebido como coro mecánico del pensamiento político dominante en cada momento”.
De manera que fue hasta el 9 de Junio de 1980 cuando fue publicada la reforma al artículo tercero constitucional cuando se agrega: “Las universidades y las demás Instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue autonomía…”; por lo que por vez primera se utiliza este concepto en el nivel constitucional.
Justo en esa década, 8 años después, vendrían las elecciones de 1988 cuestionadas porque se calló el sistema en la difusión de los resultados; por lo que se cuestionó fundamentalmente que el gobierno y su partido no debían tener el control de las elecciones; por ello la organización de las elecciones se desprendió de la Secretaría de Gobernación y se creó un órgano de Estado autónomo en sus decisiones; así lo estableció la reforma constitucional del 6 de abril de 1990. Fue la segunda vez que se utilizó el concepto de autonomía en el ámbito constitucional.
Como órgano de Estado se integró un Consejo General como una confluencia en los tres poderes: el Ejecutivo con el Secretario de Gobernación presidiendo, el Legislativo con representaciones de los grupos parlamentarios y el Judicial con los Magistrados Electorales, y representaciones proporcionales de los partidos políticos, toda esta integración con voz y voto.
Pero la fuerza más importante de la autonomía, fue la creación de un servicio civil de carrera que le daría profesionalización a la función electoral en el naciente organismo que el 15 de Agosto de 1990 se le pondría nombre como Instituto Federal Electoral. Dicha profesionalización comenzó a implementarse en 1992, pero su consolidación prácticamente tardó hasta 1999, teniendo que pasar por diversos momentos de noches de los cuchillos largos, donde los partidos políticos pedían retiro de Vocales por presuntos vínculos partidistas cuya prueba podría ser hasta una foto, principalmente en 1994, pero hubo otros momentos.
Fue también en 1994 cuando se da una reforma que le retira el voto a las representaciones de los partidos políticos en todos los Consejos, desde el General, hasta los distritales, pasando por los Locales; además de que los Consejeros Magistrados se convirtieron en Consejeros Ciudadanos, sin que interviniera la Presidencia de la República en la propuesta; sino a propuesta de los grupos parlamentarios y nombrados por una mayoría calificada de dos terceras partes de la Cámara de Diputados; lo cual siguió fortaleciendo la autonomía del entonces IFE.
En 1996 se da otro paso importante para fortalecer la autonomía, que fue el retiro del Secretario de Gobernación de la Presidencia del Consejo General, de manera que a partir de ese momento sería presidido por un Ciudadano designado por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.
En 2007 se establece la renovación escalonada de Consejeros Electorales con 9 años de duración, salvo la Presidencia del Consejo con duración de 6 años con posibilidad de reelección. Ello fue agregado para combinar renovación y experiencia; que tiende a fortalecer la autonomía porque de esta manera le quita el control de la designación a una sola legislatura.
Finalmente en 2014 se establece en la Constitución un procedimiento de designación de Consejerías Electorales, incluyendo la Presidencia, a través de una convocatoria pública, con intervención de un Comité Técnico de Evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio nombrados tres por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales.
En suma, todas estas reformas han construido un sistema churrigueresco por su complejidad, para cuidar todas las posibles críticas, pero que sí funciona; quizá ahora los reclamos no vengan desde quienes intentan conquistar el poder, sino de quienes quieren mantenerlo; con un discurso popular, pero técnicamente insostenible, como lo es el costo de las elecciones (tema en el cual con posterioridad profundizaré); por ello, no sería nada recomendable modificar el sistema electoral; ni volver a pasados que dañaron al Estado como las elecciones en manos de la Secretaría de Gobernación (ni siquiera el Registro de Electores), ni aventurar esquemas de pasar la función electoral al Poder Judicial que ya tiene sus propios retos y que no sería materialmente apropiado, puesto que su papel no es la administración sino la jurisdicción.
