Oscar Guerrero/Metapolítica
Morelia, Michoacán.- La Fiscalía General de la República (FGR) desechó las denuncias que presentó el Gobierno del Estado en contra de seis comuneros que presuntamente estaban armados durante la represión policial de la que fue víctima la comunidad de Arantepacua los pasados 4 y 5 de abril de 2017, represión que dejó a su paso cuatro ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura y allanamientos ilegales a manos de la Policía Michoacán.
La desestimación de la FGR fue evidenciada por el representante legal de las víctimas de Arantepacua e integrante del Colectivo Liquidámbar, Enrique Guerrero, quien, en entrevista con Metapolítica, celebró que, “la Fiscalía haya ignorado las mentiras con que el Gobierno de Michoacán buscó justificar la masacre que sufrió el pueblo de Arantepacua”.
A cuatro años y ocho meses de que se registrara uno de los episodios más violentos en la historia de Arantepacua -comunidad indígena localizada en el municipio de Nahuatzen-, Enrique Guerrero explicó que, bajo la intención de “justificar una masacre”, el gobierno a cargo de Silvano Aureoles Conejo pretendió, sin éxito, judicializar la carpeta de investigación 3/2021 para demostrar que seis comuneros estaban armados cuando la Policía Michoacán intervino en un conflicto agrario protagonizado por comuneros de Capácuaro y Arantepacua, intervención que dejó a su paso ejecuciones y torturas en contra de pobladores de la segunda demarcación señalada.
“Como represalia a la emisión de la recomendación 42VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que se comprobó que la Policía Michoacán incidió en ejecuciones, torturas y allanamientos ilegales en contra de la comunidad de Arantepacua, el Gobierno del Estado denunció que seis comuneros estaban armados, pero, a través de testimoniales, pruebas de video y fotografías, pudimos constatar lo contrario”, precisó.
FGR, sin atraer caso
Pese a celebrar la resolución de la FGR, en torno a las acusaciones del Gobierno de Michoacán, el litigante dio a conocer que la Fiscalía no ha hecho efectiva su facultad de atracción del caso, por lo que la resolución del mismo sigue quedando en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Sin embargo, reconoció la “imparcialidad” con que se ha conducido la FGR en el caso, aun cuando dicha instancia de procuración de justicia sigue sin encontrar pruebas contundentes para hacerse cargo de su resolución.
Enrique Guerrero descartó que el cambio de gobierno pueda comprometer el hecho de que se haga justicia sobre el caso Arantepacua, tras advertir que, “seguiremos buscando que la FGR ejerza su facultad de atracción, sin importar que los responsables dejen de desempeñarse en la función pública”.
Cabe mencionar que entre los responsables se encuentran el gobernador Silvano Aureoles, su exsecretario de Gobierno y hoy titular de la Fiscalía General del Estado, Adrián López Solís, de acuerdo con una investigación emprendida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El abogado denotó confianza en que el cambio de administración en Michoacán le abonará al esclarecimiento del caso. Sin embargo, insistió en la necesidad de que la FGR responda por las agresiones que sufrió la comunidad indígena desde 2017.
