Metapolítica
Morelia, Michoacán.- La Fiscalía chilena investiga de oficio al presidente del país, Sebastián Piñera, por la venta de la empresa Minera Dominga, una operación desvelada por los Papeles de Pandora, según dio a conocer este viernes el propio Ministerio Público.
El caso es objeto también de una querella interpuesta por un abogado ante un tribunal de Santiago de Chile.
“El fiscal nacional Jorge Abbott, con fecha de hoy, 8 de octubre, ha decidido abrir de oficio, iniciar de oficio, una investigación penal por los hechos asociados a lo que se ha conocido como los ‘Pandora Papers’ y que en definitiva tienen relación con la compraventa de la minera Dominga, que estuvo vinculada a la familia del presidente Piñera”, dijo a la prensa la jefa anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera.
Tras cuatro días analizando los antecedentes, el fiscal nacional Jorge Abbott abrió finalmente una investigación a Piñera por la compraventa en diciembre de 2010 de Dominga a través de una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas.
La investigación, por delito de soborno, se centra en una cláusula del contrato de compraventa que condicionaba el último pago a que la zona de la mina no se declarara zona de exclusión.
Un juzgado de Chile admitió también hoy a trámite una querella contra Piñera por las presuntas irregularidades en la venta de sus acciones en el megaproyecto minero.
El abogado Luis Mariano Rendón explicó en Twitter que interpuso la demanda en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago porque los hechos revelados sobre la compraventa de Minera Dominga ameritan “una investigación a fondo” y la Fiscalía “no ofrece las garantías necesarias” para ello.
Piñera, una de las fortunas más grandes de Chile y quien dejará el poder en marzo de 2022, defiende que la información publicada el pasado domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ya fue investigada en 2017 por la Justicia y la Fiscalía recomendó su sobreseimiento.
Hoy aborrecido por la gran mayoría de los chilenos, también es apuntado como el culpable de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos policiales y militares tras los movimientos sociales iniciados en octubre del 2019 que derivaron en el actual proceso para elaborar una nueva Constitución en Chile.
Con información de DW
