Metapolítica
Ciudad de México.- El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) tuvo una primera reunión oficial en la Secretaría de Gobernación para conocer de manera directa la realidad que enfrenta México respecto a las desapariciones forzadas.
En la reunión —fue privada—, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, garantizó la apertura del Gobierno de México a los expertos con el fin de ofrecer toda la información con respecto a la situación que prevalece en México en torno a los más de 94 mil casos reportados.
“Como lo ha señalado el presidente de la república estamos abiertos plenamente al escrutinio internacional y más en particular, para enfrentar el enorme reto que tenemos para restaurar un estado de derecho que nos permita garantizar el pleno respeto y la garantía a los derechos humanos de todas las personas en nuestro país”, informó Encinas.
Asimismo, refirió que desde 2010 México forma parte de la Convención Internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas; pero, es apenas con la actual administración federal, destacó, que se abrió plenamente a la fiscalización internacional, y reconoció la crisis humanitaria y de derechos humanos que enfrenta.
“Es la herencia más dolorosa que está enfrentando el Gobierno de México y donde tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos como prioridad del estado mexicano para sumar todos los esfuerzos de las instituciones públicas en los distintos órdenes de gobierno y de todos los poderes de la unión para superar esta lamentable situación”, abundó el funcionario federal.
Ante los cuatro integrantes de la delegación de la ONU, Alejandro Encinas dijo que la desaparición forzada en México tiene elementos de corte histórico y social, en los cuales, la lucha política estuvo asociada a la violencia del estado y a la lucha armada y que, señaló, adquirió dimensiones mayores durante “la guerra sucia” y la llamada “guerra contra el narcotráfico” en 2007, misma que, aseguró, desató el fenómeno de la desaparición entre particulares vinculada a la corrupción de las policías ligadas al crimen organizado.
“Ambos periodos, tanto el de la guerra sucia y la mal llamada guerra contra el narcotráfico mantienen abierta una herida que el gobierno de México ha asumido y que tiene como punto central la búsqueda e identificación de personas desaparecidas a fin de garantizar verdad y justicia, al retorno digno de los familiares y a la construcción de una memoria social que permita la dignificación de las víctimas”, destacó.
A partir de este lunes y hasta el 26 de noviembre, los integrantes de la CED tendrán diversos encuentros en 12 entidades federativas con autoridades federales y estatales, como la SRE, SEGOB y la FGR, así como funcionarios gubernamentales encargados de investigar y prevenir las desapariciones forzadas y de localizar a las personas desaparecidas.
También se reunirán con víctimas, representantes de la sociedad civil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organizaciones internacionales, y asistirán a exhumaciones realizadas por las autoridades y grupos de víctimas.
“Es importante todo el proceso de búsqueda y localización de las personas desaparecidas y todas aquellas entidades que son importantes para la implementación de las políticas públicas que a lo largo de estos años ha desarrollado el gobierno de México y que resultan clave para avanzar en aquellos dos objetivos: prevención contra las desapariciones forzadas y lucha contra la impunidad”, sostuvo Encinas.
Con información de Excélsior
