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Michoacán, el décimo estado más corrupto de México

Oscar Guerrero / Metapolítica

Morelia, Michoacán.- Con base en un informe generado por la asociación civil no lucrativa World Justice Proyect, Michoacán es el décimo estado más corrupto de México, expuso presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, Rosmi Bonilla Ureña.

En entrevista, Bonilla Ureña refirió que además de destacar en el top ten de las entidades más corruptas del país, el último balance del el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) posicionó a Michoacán como “el estado más opaco” a nivel nacional.

“La información más reciente que tenemos es de World Justice Proyect sobre la ausencia de corrupción en las entidades federativas, y en el caso de Michoacán se encuentra en el lugar número 22; o sea, si lo vemos en positivo, eres el 22 en ausencia de corrupción, y si lo vemos en negativo, eres el décimo en corrupción”, aseveró.

Explicó que en el caso específico del estudio de World Justice Proyect, los indicadores valorados “son básicamente el no abuso de poder de los tres poderes y de las fuerzas de seguridad pública, y mide también el índice de participación ciudadana”, y señaló que los focos rojos de Michoacán se concentran en corruptelas detectadas en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y en los bajos niveles de participación ciudadana que se reportan a nivel local”.

Esta problemática no acaba ahí. Rosmi Bonilla remarcó que según la Encuesta de Impacto y Calidad Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Michoacán se ubica en el doceavo lugar entre las entidades donde sus habitantes reflejan mayor inconformidad por la atención que reciben de sus respectivas autoridades.

Ante este escenario, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción refirió que la instancia a su cargo contabiliza 19 denuncias por posibles actos de corrupción en la función pública, a través de las cuales, resaltó, la Fiscalía Estatal Anticorrupción estableció sanciones en servidores públicos que se traducen en una reparación del daño por el orden de los 4 millones de pesos.

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