Metapolítica
Ciudad de México.- La disputa sobre el manejo de millones de documentos y una desconocida cantidad de testigos secretos que forman parte de la evidencia de los fiscales estadounidenses contra el exfuncionario federal mexicano Genaro García Luna era hasta ayer el centro de otra audiencia judicial preliminar para su eventual juicio, programado para el 24 de octubre de 2022.
“Este es un caso particularmente complejo”, dijeron los fiscales ante el juez federal Brian Cogan, y señaló que el acusado “fue un funcionario de rango de gabinete” en México, por lo que requiere que las fuentes —incluyendo testigos mexicanos— y una parte del material sean protegidos bajo normas de seguridad nacional.
Sin embargo, César de Castro, principal abogado de la defensa de García Luna, dijo que era muy difícil evaluar la evidencia, e indicó que la fiscalía ya ha compartido “millones de documentos” y que “la mayoría no hace referencia a García Luna”, además, afirmó, “no hay evidencia de criminalidad, ni vínculo con el narcotráfico” en todo este material.
Dijo también que una demanda interpuesta por el gobierno mexicano contra García Luna y sus familiares y socios en Florida está complicando este caso en Nueva York.
El tema del manejo de la evidencia será evaluado durante los próximos meses por los fiscales y por el juez Cogan, quien está encargado del proceso judicial de García Luna en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, y que postergó una decisión sobre la solicitud presentada por los fiscales para que el jurado que se instalará para el juicio de García Luna sea designado anónimo y parcialmente protegido —al igual que fue en el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán ante el mismo juez Cogan—.
A decir de los fiscales, esta medida es necesaria para “proteger la integridad del juicio y la imparcialidad del jurado” al prevenir “hostigamiento, intimidación u otra interferencia” contra los integrantes del jurado, como también “mitigar cualquier temor en la mente” de estos. Agregan que el caso aborda cargos “excepcionalmente serios” y que el acusado “tiene una historia de interferencia con el proceso judicial” dando el ejemplo de su papel como alto funcionario de seguridad en apoyo del negocio del cártel de Sinaloa, y que tiene “los recursos para interferir con el proceso judicial”.
Otro factor, dijeron, es el “escrutinio intenso de los medios” que ha atado este caso.
Con información de La Jornada
