Héctor Tapia / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Para darle mayor contundencia a la lucha contra la corrupción en Michoacán se tiene que perfeccionar el diseño no sólo del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), sino de las mismas instituciones que la integran, refirió Elizabeth Vázquez, quien asumió la presidencia del Comité de Participación Ciudadana (CPC) de dicho sistema.
“Se tiene que perfeccionar el diseño de las instituciones fiscalizadoras y sancionadoras que la conforman, purificar el modelo que muchas veces ha estado viciado y contaminado por agentes externos”, explicó luego de haber relevado a Rosmi Bonilla Ureña al frente del CPC.
En este contexto, Elizabeth Vázquez se pronunció por la independencia jurídica, operativa y técnica de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), la cual se pretende dejarla nuevamente dentro de la Unidad Programática Presupuestal (UPP) del Congreso del Estado.
“No podemos pensar que la centralización de las instituciones como la ASM se quede en manos nuevamente del Congreso”, opinó.
Respecto al polémico proceso de selección de un nuevo integrante del CPC, la presidenta del organismo ciudadano enfatizó que esa es una función o competencia de la Comisión de Selección, la cual fue nombrada por el Congreso de Michoacán.
Esa posición generó una serie de cuestionamientos por la poca claridad de los mecanismos aplicados y las evaluaciones que se dieron a conocer. En ese sentido, explicó que el CPC “está explorando mecanismos jurídicos para que se revise el proceso de designación”.
“Creo que en este momento las instituciones que conforman el SEA tenemos que responder con madurez sobre las vicisitudes que se están generando por agentes externos”, refirió Elizabeth Vázquez, y detalló que sobre dicho proceso selectivo hay ya un procedimiento judicial que está en la espera de resolución.
Pese a esto, dijo, en el CPC “tenemos que responder con trabajo. Quienes integramos actualmente, hemos desarrollado trabajo desde hace años, y frente a estos acontecimientos tenemos que responder con trabajo”.
“El diseño del SEA es un área de oportunidad en la cual hay muchas tentaciones, y este diseño del CPC tiene que responder de manera interna a evitar este tipo de mecanismos”, explicó.
Ante los ajustes o reformas que se tendrán que dar, dijo, “es importante hacer una propuesta muy sólida que mantenga la participación ciudadana a través de una reforma al SEA. Este tipo de fenómenos es muestra de que son modelos híbridos que siguen siendo tentación de partidos para apropiarse de estos espacios ciudadanos”, remarcó.
Por su parte, Rosmi Bonilla Ureña, quien deja no sólo el cargo de la presidencia, sino que también concluye su periodo como integrante del CPC, al rendir su informe de actividades por el periodo de un año que estuvo al frente, dijo que el Comité tiene tres grandes atribuciones: coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador; dar seguimiento al funcionamiento del SEA Michoacán, y ser el canal vinculante con la sociedad civil, academia y grupos ciudadanos. Responsabilidades que dijo haber cumplido.
Entre el cumplimiento de acciones del CPC se destaca la elaboración de insumos ciudadanos para fomentar la denuncia, elaboración de un Modelo de Código de Ética para Órganos de Control Interno, la elaboración de un proyecto de Política Estatal Anticorrupción que se encuentra en la cancha del Comité Coordinador y la elaboración de una serie de Recomendaciones No Vinculantes a órganos del estado.
En cuanto al funcionamiento del SEA se elaboró un Tablero General de Indicadores, se implementó un Índice de Ética Pública y se firmaron diversos convenios para el fortalecimiento del mismo.
Además, se instaló una Red Ciudadana Anticorrupción con la intención de generar, desde la sociedad civil, propuestas de políticas, programas y acciones para la prevención, control y combate a la corrupción.
Finalmente, en cuanto a vinculación se dio vigilancia al Proceso Electoral 2020-2021 y se realizó la firma de Agendas Ciudadanas Anticorrupción con los candidatos a la presidencia de Morelia y a la gubernatura estatal, con el objetivo de poner sobre la mesa acciones de políticas públicas para la prevención, control y combate a la corrupción.
