Óscar Carbajal
Con la convocatoria que da inicio al proceso de revocación de mandato, llega un acto que termina siendo perjudicial en cierta medida para todos los niveles de gobierno, ya sea federal, estatal o municipal; hablo de la suspensión de su propaganda gubernamental durante sesenta y cinco días. Así es, del 4 de enero de 2022 y hasta el 10 de abril del mismo año, las administraciones solamente podrán difundir actos relacionados con Educación Pública, Salud y en casos de emergencia, temas que involucren a Protección Civil.
Sin duda, una de las controversias que más han acompañado a la revocación de mandato es la manera en que será difundida, pero si le sumamos el ingrediente de la suspensión se propaganda gubernamental, se convierte en un lugar totalmente tenso entre la oposición y el equipo que ocupa el poder. Claro, las particularidades de la suspensión dicha propaganda afecta a las administraciones de todos colores, no excluye a nadie y se ha señalado que existen responsabilidades si se llega a pasar por alto dicha restricción, todo esto, teniendo como fundamento que la Constitución así lo dispone.
Tenemos que dejar muy claro lo siguiente: la revocación de mandato es un ejercicio que pone en marcha el más grande mecanismo de participación ciudadana que se ha visto en México, por lo cual, la ejecución del mismo, incluyendo la difusión, corresponde al Instituto Nacional Electoral, no a los funcionarios emanados del partido en el gobierno. Lo cierto es que se ha mantenido una batalla constante entre quién debe dar publicidad al mecanismo de participación y quién lo quiere hacer buscando un beneficio en él, acto que ha polarizado mucho el proceso de planeación y hoy, la ejecución del mismo.
Pero tal vez dirás, ¿qué tiene que ver esto con la sociedad? Déjame decirte que muchísimo. La columna vertebral de las administraciones públicas es la manera en que transparentan y dan a conocer sus acciones y resultados, entonces, el no difundir los trabajos de obra pública, las gestiones que se hacen, la manera en que se implementan programas sociales se podría dar pauta a mencionar que dichas administraciones no están trabajando, lo cual, no es así.
Hablar sobre la suspensión de la propaganda gubernamental nos lleva a cuestionar la actividad que desarrolla todo órgano de gobierno, sin importar la fuerza política de donde emana, esto teniendo en cuenta que el no difundir no quiere decir que no se deba dejar de trabajar, lo que en muchas ocasiones pareciera que es lo que consigue. Si bien la ley ha dicho que no se puede difundir nada que tenga que ver con logos, frases, imágenes o voces que relacionen a las personas con las actividades que se den a conocer, esta no limita a su ejercicio. Pueden seguir en los trabajos normales sin ningún perjuicio.
Lo importante de todo esto, hablando de la “veda electoral” como se le ha llamado, es que no se debe promocionar ni a favor ni en contra la revocación de mandato por algún órgano que no sea el electoral. Por ello, la preocupación de los impulsores de dicho proyecto, al temer que se replique la poca participación que se dio en la última consulta ciudadana. Pero, ¿no sería politizar un ejercicio ciudadano? Sí, el que se involucren a favor o en contra de lo que busca la revocación de mandato rompe con el espíritu de mecanismo ciudadano, involucrar a un partido directamente puede ser el punto de quiebre para que las infracciones sigan cayendo. Incluso, el reto para el gobierno federal será la suspensión de las “mañaneras” o la difusión por medio de sus AC.
No debemos perder de vista que las actividades que realizan los órganos de gobierno nacen del ejercicio de un cargo público, por lo que hay una correlación de responsabilidad entre ciudadanía y administración, la cual, por más que se mantenga el cumplimiento a la Constitución, debe seguir generando acciones que mantengan un orden social de acuerdo a lo exigido. Incluso, los Tribunales Electorales han mencionado que la información necesaria para la gestión de trámites y acciones de carácter urgente pueden seguir siendo publicadas en los sitios oficiales, siempre y cuando guarden un carácter de institucional.
Concluyo mencionando que la importancia de cuidar tanto el no politizar un ejercicio público como el revisar las acciones que sigan manteniendo los órganos de gobierno es una tarea de todas y , como parte de una ciudadanía que sigue creyendo en la democracia como el instrumento de representación más apto para un sistema como el que México tiene.
